El expresidente de Brasil, Lula da Silva, sufrió un duro golpe este miércoles, luego de que el tribunal de Porto Alegre ratificara la condena a prisión en su contra por delitos de corrupción.
Un fallo unánime que también amplió la condena de 9 a 12 años de prisión y que además puso en jaque la aspiración presidencial de Lula, quien se vería imposibilitado de postular a gobernar nuevamente Brasil, pese a ser el favorito según las encuestas.
El exmandatario fue condenado como propietario de un apartamento triplex en Guarujá, un balneario en el interior de Sao Paulo, que habría recibido a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
La defensa de Lula sostuvo, tanto en primer como en segunda instancia, que el departamento nunca estuvo registrado a nombre del expresidente o alguno de sus familiares o cercanos, y que ni él o alguien de su círculo cercano vivió alguna vez en el apartamento.
Pero la principal prueba que condenó a Lula fue el testimonio del empresario Léo Pinheiro, uno de los tantos beneficiados por el esquema de corrupción que ha rodeado la política brasileña y los negocios de Petrobras.
El vínculo entre Lula y este apartamento se da en que el inmueble originalmente era parte de un proyecto de una cooperativa vinculada al Partido de los Trabajadores, por lo que el exmandatario pagó una reserva para ser propietario de uno de los departamentos de 80 metros cuadrados.
La cooperativa terminaría quebrando y la polémica constructora OAS adquirió el proyecto, dando dos alternativas a quienes habían abonado la reserva; recuperar su dinero o terminar de pagar la propiedad.
Según reporta diario El País de España, la familia de Lula no habría alcanzado a tomar alguna de las dos opciones. Tras un tiempo, OAS vendió todos los departamentos, salvo un tríplex de 240 metros cuadrados.
Lula y su familia visitaron en dos oportunidades el departamento, porque su fallecida esposa, Marisa Letícia, quería comprarlo, pero él la convenció de que no lo hicieran, desentendiéndose del asunto.
Pero el testimonio de Pinheiro señala que el departamento de 240 metros cuadrados no se vendió porque estaba reservado por Lula, en pago a ciertos contratos públicos que obtuvo OAS durante su gobierno.
El empresario agrega que además se realizaron una serie de remodelaciones en el apartamento, en base a las recomendaciones que hizo la exesposa de Lula da Silva.
Junto con el testimonio del empresario, también se mostraron una serie de mensajes entre directivos de OAS y colaboradores de Lula que daban a entender un acuerdo para la entrega del departamento.
Otras pruebas que llamaron la atención y fueron entregadas por el juez Sergio Moro de primera instancia, se refiere al borrador de un contrato sobre el departamento, que no tenía firmas, hallado en la casa de Lula. Además de que los vecinos del edificio, señalaban que había un rumor de que el apartamento era del expresidente.
Aunque la familia de Lula nunca ocupó el inmueble, la justicia considera que se debió a la detención de Pinheiro y el estallido del caso Lava-Jato en Brasil en 2014, solicitando el rembolso del abono hecho cuando el departamento era parte del proyecto de una cooperativa ligada al Partido de los Trabajadores.
