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Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 15:40 · Actualizado a las 20:33

Tribunal ratifica por unanimidad condena contra Lula y aumenta pena a 12 años de cárcel

ARCHIVO | Agence France-Presse
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El Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4) de Porto Alegre ratificó por unanimidad la condena a prisión en contra del expresidente de Brasil, Lula da Silva, por delitos de corrupción y aumentó la pena a 12 años de cárcel.

Los tres jueces que integraban el tribunal confirmaron la condena, que en primera instancia fue de 9 años y media de prisión, hecha por el juez Sergio Moro, quien halló culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero al expresidente.

La segunda instancia judicial confirmó que Lula fue beneficiario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.

La defensa de Lula había solicitado “la nulidad del proceso y la nulidad de la sentencia”, aduciendo falta de pruebas, lo que fue desestimado por el tribunal.

Según el juez Gebran Neto, el hecho de que no exista un título de propiedad del apartamento tríplex de Guarujá se debe precisamente a la intención de ocultar que Lula era el verdadero destinatario del inmueble.

De momento, Lula no irá a prisión debido a que aún puede acudir a instancias superiores del Poder Judicial de Brasil o presentar recursos para aplazar la ejecución de la condena, aunque si no existe un fallo antes del 15 de agosto, quedaría impedido de postular nuevamente a la presidencial.

Los recursos para aplazar la ejecución de la condena también apuntan a evitar que el Tribunal Electoral de Brasil declare como “inelegible” a Lula, una decisión que sería irrevocable.

Igualmente, el hecho de que el tribunal de apelación haya ratificado por unanimidad la condena en contra del expresidente, dificulta aún más sus posibilidades de obtener un buen resultado en una nueva apelación.

El antiguo dirigente social es el principal favorito para las elecciones de octubre, siendo la única carta visible para el Partido de los Trabajadores.

El caso se inscribe en la Operación Lava Jato, que desde 2014 ha puesto al descubierto una vasta red de sobornos pagados por constructoras a políticos de todas las tendencias para obtener contratos en Petrobras.

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