La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, enfrenta un complejo panorama judicial, con causas que van desde delitos por corrupción a la acusación que enfrenta por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA.
La noche del martes, la sala II de la Cámara Federal de Argentina confirmó el procesamiento de la actual senadora, incluyendo el embargo sobre sus bienes y la prisión preventiva, una medida que no puede ser efectiva por el fuero de Fernández.
La decisión de la sala confirma el procesamiento que inició el juez Claudio Bonadio a principios de diciembre, aunque desestimó la acusación por “traición a la patria” y la cambió por el delito de encubrimiento.
Por esa razón, desde diciembre existe una proceso de desafuero contra Fernández en el Senado, por lo que está siendo revisada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta transandina. Aunque las posibilidades de que se apruebe son casi nulas.
Posibilidades de desafuero
Para que un senador sea desaforado en Argentina, se necesita que 2/3 de la Cámara Alta apruebe la resolución, lo que quiere decir 48 votos.
En estos momentos, el Senado argentino se compone de 25 legisladores de Cambiemos (coalición del presidente Mauricio Macri), 25 del Partido Jusiticialista (peronistas) y 8 del Frente para la Victoria (escisión del peronismo liderada por Fernández). Además, otras colectividades cuentan 14 senadores.
De esta forma, Cambiemos necesitaría el apoyo de algunos peronistas y el resto de las bancadas menores, algo prácticamente imposible, si además se considera que el Partido Justicialista tendría un “pacto de honor” para rechazar el desafuero de Fernández.
Esta información fue revelada por diario Clarín de Argentina a principios de diciembre, luego de que el juez Bonadio ordenara la prisión preventiva y embargo a Fernández.
Igualmente, cabe consignar que el fuero de un parlamentario no es impedimento para que la investigación continúe en contra de un diputado o senador, hasta el punto de dictar condenas.
Como ejemplo está el caso de Carlos Saúl Menem, condenado a prisión por tráfico de armas y pago de sobresueldos, pero que sigue ejerciendo como senador.
