La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles el traslado de la líder social Milagro Sala a su domicilio, para continuar la pena que purga actualmente en prisión.
El veredicto ratifica el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que adujo los problemas de salud de la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru y en prisión desde 2016.
La señora Sala “está sometida a un régimen de vigilancia extremo y permanente” que le provoca “profunda afectación psicológica”, por lo que se solicitó al Estado argentino adoptar “las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad” de la mujer, como podían ser “el arresto domiciliario o la libertad con medidas como la fiscalización electrónica”, dictó en julio pasado el órgano interamericano de justicia.
Sala, de 53 años, actualmente cumple una condena de tres años en el penal el penal de Alto Comedero. EL caso ha sido bandera de movimientos sociales en Argentina, por considerar su detención como arbitraria y excesiva.
La decisión de este martes fue tomada por unanimidad. Los cinco miembros de la Corte Suprema (los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) se manifestaron favorables a la prisión domiciliaria, pero no a la conmutación de la pena, como sugirió la CIDH.
Sala enfrenta causas en la justicia por amenazas y malversación de fondos que recibió su organización Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Sus defensores la consideran una presa política.
La CIDH, Amnistía Internacional, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos han reclamado su liberación al considerar que su arresto es arbitrario y violatorio de estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
