El gobierno de Nicolás Maduro y una oposición fracturada entablan en República Dominicana nuevas negociaciones para resolver la crisis venezolana, con una agenda centrada en la devastada economía.

Luego de tres acercamientos fallidos entre 2014 y 2017, volverán a la mesa para intentar frenar el choque de poderes y el profundo deterioro social. Esta vez Chile, Mexico, Nicaragua y Bolivia participarán como países acompañantes.

Las partes “han dado muestras de buena voluntad a fin de que este proceso avance y esperamos que las discusiones culminen de forma satisfactoria, por el bien del pueblo venezolano”, dijo el canciller dominicano, Miguel Vargas, en un comunicado divulgado este jueves.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) plantea como principales puntos “un canal humanitario” para la entrada a Venezuela de alimentos y medicinas, en severa escasez, y “condiciones justas” de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

En tanto, Maduro exige a la MUD que abogue por el cese de las sanciones de Estados Unidos, que prohíben a funcionarios y entidades de ese país negociar nueva deuda de Venezuela y de su petrolera PDVSA.

La ronda de conversaciones, que se extenderá hasta el sábado, tendrá lugar despues de que el vicepresidente Tareck El Aissami anunciara el miércoles que Maduro buscará la reelección.

Según dirigentes opositores y analistas, los comicios previstos para diciembre de 2018 podrían ser adelantados para el primer trimestre, aprovechando las fracturas en la MUD y antes de que la crisis económica empeore.

“Sería un adelanto tipo Pearl Harbor: un ataque por sorpresa. Pueden fijarlas incluso en enero o febrero. Debe ser un punto para la oposición en las negociaciones: fijar fecha y condiciones claras”, dijo a la AFP el politólogo Luis Salamanca.

Los cancilleres de México y Chile -propuestos por la MUD- y de Bolivia y Nicaragua -aliados del gobierno- acompañarán el proceso, así como el presidente Dominicano, Danilo Medina, y su ministro de Exteriores.

Los contactos ocurren mientras Maduro trata de refinanciar la deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares. Para ello necesita la aprobación del Parlamento, de mayoría opositora, y declarado en desacato por la justicia.