Debido a la investigación que la Fiscalía de Costa Rica lleva adelante por el supuesto tráfico de influencias en la alta esfera política, este lunes se ordenaron siete allanamientos a casas y oficinas de dos diputados y del viceministro de Ingresos.
Se trata, primero, de Otto Guevara y Víctor Morales, parlamentarios a quienes se acusa de favorecer al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños. Y de Fernando Rodríguez, segunda autoridad del Ministerio de Ingresos, quien “habría pedido a la Dirección de Aduanas resolver el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento chino, al menos seis días antes de sostener una reunión con el diputado Morales para conversar sobre el tema”, tal como informó el medio costarricense El Mundo. Conforme este medio, contra Rodríguez ya se realiza también un proceso administrativo en la Procuraduría de la Ética Pública.
Según un informe de la Fiscalía, emitido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se estudiaron más de mil llamadas entre Bolaños y los dos legisladores.
Diferencias al interior de Fiscalía
Al interior del organismo persecutor se han manifestado diversas y polémicas maneras de enfrentar el caso: mientras que Jorge Chavarría, el fiscal general -hoy suspendido- se encontraba de vacaciones en República Dominicana, Berenice Smith había solicitado como subrogante la desestimación del caso. Petición que fue acogida por unanimidad por la Sala que conoció de ella.
Luego, desde la llegada de Emilia Navas a la Fiscalía “se logró la detención del importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, el gerente general suspendido del BCR, Mario Barrenechea y el Comité de Créditos de la entidad bancaria”, indicó El Mundo. Navas también logró el allanamiento de la oficina de unos de los magistrados que aprobó la desestimación del caso.
