La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “abusos generalizados” en Venezuela contra opositores del gobierno de Nicolás Maduro, en una represión sistemática y sin precedentes que ha incluido “brutalidad, torturas y persecución política con impunidad”.

En un informe conjunto con la ONG venezolana Foro Penal, HRW dio cuenta de “graves violaciones a los derechos humanos” en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017, cuando miles de personas salieron a las calles en protestas que dejaron unos 125 muertos.

“El gobierno respondió con actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas, y ha negado a los detenidos sus derechos al debido proceso”, señala el reporte de 73 páginas.

“Aunque no fue la primera arremetida contra opositores durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela”, añade.

La investigación, que documenta 88 casos que afectan al menos a 314 personas, indica que los hechos de violencia no fueron casos aislados, ni resultado de excesos por parte de insubordinados de la fuerza pública, sino “una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

También niega que los abusos violentos fueran un intento del gobierno por reprimir manifestaciones violentas.

“Las atrocidades se infligieron a personas que ya estaban bajo la custodia o el control de las fuerzas de seguridad, o constituyeron actos de violencia desproporcionada o abusos deliberados contra personas en protestas, en las calles o incluso en sus propias viviendas”, indica.

Por todo esto, señala como responsables a las autoridades, desde Maduro hasta el exministro de Defensa Vladimir Padrino, y el ministro de Interior Néstor Reverol, además de varios jefes militares y policiales.

“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, citado en un comunicado.

El informe recuerda que en agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó sobre la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” en Venezuela.

“Nuestras conclusiones coinciden ampliamente”, aseguran HRW y Foro Penal.

Torturas físicas y psicológicas

El reporte describe torturas con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales, detonación de cartuchos de gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había detenidos, confinamiento de detenidos por períodos prolongados con negación de alimentos o agua, y casos en que los detenidos fueron obligados a ingerir alimentos contaminados “deliberadamente” con excremento, cenizas de cigarrillos o insectos.

También denuncia abusos psicológicos para que los detenidos incriminaran a otros, incluyendo a dirigentes opositores.

El tipo y momento en que se produjeron “sugieren que el propósito no fue garantizar la aplicación de la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas”, sostienen HRW y Foro Penal.

También subrayan la falta de medidas por parte de las autoridades para prevenir o sancionar estos actos, en los que también participaron “colectivos” (pandillas armadas partidarias del gobierno).

Según el informe, desde abril en Venezuela al menos 5.400 personas fueron detenidas y 757 civiles fueron juzgados en tribunales militares bajo acusaciones de traición a la patria y rebelión militar, “en violación del derecho internacional”.

HRW y Foro Penal llamaron a redoblar la presión multilateral sobre el gobierno venezolano para que quienes fueron detenidos “arbitrariamente”, sean liberados y los responsables de violaciones de derechos humanos respondan por sus actos.

“Si el gobierno venezolano no demuestra tener la capacidad o la voluntad de hacerlo, deberían exigir que se haga justicia en el extranjero”, señalan.

La Corte Penal Internacional (CPI), de la cual Venezuela es Estado Parte, tiene jurisdicción para juzgar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios.