El gobierno mexicano y expertos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU pidieron este lunes detener la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas, programada para el miércoles en Texas, porque, denunciaron, no tuvo un juicio justo.
A Cárdenas, hallado culpable del secuestro y asesinato de su prima en 1997, se le negó el “derecho básico de contactar a su consulado” para que le brindara atención y se “garantizara que su juicio se sigue conforme al debido proceso”, dijo en rueda de prensa Alejandro Alday, consultor jurídico de la cancillería mexicana.
El gobierno mexicano recordó que Cárdenas es uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y que fueron beneficiados en 2004 por un fallo de la Corte Penal Internacional según el cual la justicia estadounidense les negó el derecho a la asistencia consular como marca la convención de Viena.
“Lanzamos un llamado a que esta pena de muerte sea anulada y que Cárdenas vuelva a ser juzgado cumpliendo con normas internacionales relativas al debido proceso y a un juicio justo”, señaló en un comunicado el Alto Comisionado citando a dos de sus expertos, a los que no identifica.
En los juicios de estos 51 mexicanos que forman parte del denominado caso Avena, México, más allá de pronunciarse sobre la probable culpabilidad o inocencia de los acusados, demanda que se repongan los procesos con la debida asistencia consular.
“El objetivo es promover que todos los connacionales tengan debidamente acreditado su debido proceso y que tengan las defensas necesarias” estipuladas en las convenciones internacionales, dijo, por su parte, el vicecanciller mexicano Carlos Sada al señalar que el gobierno agotará todos los mecanismos para detener la ejecución.
El Alto Comisionado recuerda de su lado que Cárdenas fue asistido por un abogado 11 días después de su detención y las autoridades estadounidenses no le informaron de su derecho a recibir asistencia consular.
