El Gobierno de Brasil anunció este lunes que anulará el decreto que autorizó la extinción de una gigantesca reserva amazónica para abrirla a la explotación minera privada, después de haber recibido fuertes críticas de ambientalistas y celebridades dentro y fuera del país.

El presidente Michel Temer publicará este martes un nuevo decreto que “restablece las condiciones del área, conforme el documento que instituyó la reserva en 1984“, informó el Ministerio de Minas y Energía (MME) en un comunicado.

Sin embargo, la dependencia afirmó que las razones que llevaron a la elaboración de la norma “siguen presentes” y que más adelante se deberá retomar un debate sobre el asunto “de la forma más democrática posible”.

“El país necesita crecer y generar empleos, atraer inversiones para el sector minero, inclusive para explotar el potencial económico de la región”, resalta el comunicado.

El decreto que desató la polémica, firmado el pasado 23 de agosto por Temer, extinguió la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), un área de 47.000 km2 (mayor que la superficie de Dinamarca), situada en los estados de Pará y Amapá.

Esa área -rica en oro, manganeso, hierro y cobre- tiene nueve áreas protegidas de gran biodiversidad, entre ellas dos territorios indígenas de las etnias Aparai, Wayana y Wajapi.

Temer había dicho que el objetivo de su decreto era controlar y dinamizar la actividad minera en la reserva sin afectar las áreas protegidas, como parte de sus medidas liberales para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.

Pero desde que vio la luz, el decreto levantó una gran polémica y suscitó críticas desde íconos brasileños como la supermodelo Gisele Bundchen o el cantante Caetano Veloso hasta de ONG internacionales como Greenpeace, Survival International o el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Ante el revuelo causado, Temer eliminó el decreto inicial y, pocos días después, firmó otro nuevo muy parecido, pero con más precisiones sobre la protección ambiental.

Luego, el ministerio de Minas suspendió los efectos del decreto por 120 días, prometiendo un debate amplio sobre el tema y asegurando que la población había malinterpretado la decisión.

Varias ONG celebraron este lunes el anuncio gubernamental, aunque con una cierta cautela. “La cancelación del decreto demuestra que, por malo que sea, no hay gobernante absolutamente inmune a la presión pública“, dijo Marcio Astrini, coordinador de Políticas Públicas de Greenpeace Brasil.

“Es una victoria de la sociedad sobre aquellos que quieren destruir y vender nuestra selva”, añadió Astrini, sin antes advertir: “La Renca es apenas una batalla. La guerra contra la Amazonía y sus poblaciones, promovida por Temer y la bancada ruralista, continúa”.

Desde 2012, la superficie deforestada volvió a aumentar en la Amazonía, según datos del Ministerio del Medio Ambiente.

Ese aumento le valió a Brasil una advertencia del gobierno de Noruega: si la situación no mejora, el principal donante a programas de protección de la Amazonía podría reducir a cero su aporte financiero al fondo brasileño.

Pero las autoridades aseguran que esta tendencia podría revertirse este año.