Luego de respaldar fuertemente, por más de un mes, a la Gendarmería en la polémica desaparición del artesano Santiago Maldonado, varios integrantes del gobierno argentino tomaron distancia de esa fuerza federal en un caso que complica al Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó este jueves que no pone “las manos en el fuego por nadie” en el marco de la investigación por la desaparición de Maldonado, visto por última vez el 1 de agosto durante una acción de la Gendarmería (policía militarizada) contra una protesta de una comunidad mapuche en el sur de Argentina.
Garavano indicó que se trata de “un hecho muy grave” en el que “hay que estar abierto a cualquier hipótesis”.
En el mismo sentido se expresó el miércoles el jefe de Gabinete Marcos Peña ante el Congreso: “No damos por sentado que fue Gendarmería, tampoco que no lo fue”.
El giro por parte del gabinete del presidente Mauricio Macri ocurre luego que esta semana una prueba de ADN desarmara una hipótesis alentada por el gobierno, que puso en duda que Maldonado estuviera manifestando el día en que desapareció tras el desalojo policial.
El miércoles, un fiscal federal abrió una investigación por presunto encubrimiento contra Macri, Peña, Garavano, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
La justicia, los organismos de derechos humanos y la familia del joven calificaron el hecho de “desaparición forzada”. El gobierno lo rechaza de plano.
La prueba de ADN descartó que Maldonado hubiese fallecido tras resultar herido el 21 de julio con un cuchillo en una riña con un trabajador de las tierras del magnate italiano Luciano Benetton, como lo había sugerido la ministra Bullrich.
Avruj viajó el miércoles a la provincia patagónica de Chubut, donde ocurrió la desaparición, y dijo que “no hay ningún indicio” contra los gendarmes y “ninguna posibilidad de pensar que estamos encubriendo”.
Peña recalcó en el Congreso que su “preocupación y ocupación como gobierno es encontrar a Santiago Maldonado con vida. Si se comprueba algún delito por parte de las fuerzas de seguridad no habrá ningún tipo de encubrimiento”, dijo.
El joven de 28 años había ido a solidarizarse con los reclamos mapuches sobre unas tierras adquiridas por Benetton, dueño de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia.
