El presidente argentino, Mauricio Macri, pidió este martes prudencia en torno al caso del artesano Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto luego de una acción policial en una protesta mapuche, en momentos en que la justicia descartó una hipótesis que exculpa a las fuerzas de seguridad.
“Hay que ser muy prudentes y alejarse de manifestaciones prejuiciosas y violentas”, dijo Macri al ser consultado por un caso que tiene en vilo a la sociedad argentina, en un país en el que el tema de los derechos humanos es una herida abierta después de la última dictadura (1976-1983).
Tras realizar un acto oficial, el mandatario argentino afirmó que el gobierno se puso “al servicio de la justicia” para que la investigación se realice “sin prejuzgar, no descartando ninguna línea” de pesquisa.
Más temprano el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también se expresó sobre la desaparición, que se convirtió en un dolor de cabeza para el Ejecutivo tras la defensa cerrada del actuar de la Gendarmería que hizo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich los primeros días que el caso saltó a la prensa nacional.
“Estamos trabajando para encontrar a Santiago Maldonado lo más rápido posible, sin apañar a nadie, pero tampoco condenando a alguien de antemano”, indicó Frigerio.
Una prueba de ADN descartó el lunes la hipótesis del ministerio de Seguridad según la cual Santiago Maldonado, un artesano de 28 años, pudo haber resultado herido mortalmente por un trabajador de las tierras del magnate italiano Luciano Benetton en la provincia de Chubut (sur).
Una multitudinaria marcha exigió el viernes respuestas al gobierno nacional y la renuncia de la ministra Bullrich, tras 35 días sin rastros del joven, que según testigos fue arrestado por la Gendarmería tras una violenta represión de una protesta de indígenas mapuche.
Bullrich defendió desde el primer momento el accionar de la Gendarmería para desalojar la manifestación el pasado 1 de agosto en Chubut, en la que Maldonado, artesano, “mochilero” y defensor de varias causas que consideraba justas, participó en solidaridad con los mapuches.
La justicia aceptó caratular el caso como “desaparición forzada”, como lo solicitaron la familia y organismos de derechos humanos, algo que el gobierno ha rechazado.
El caso ha dividido a la sociedad argentina y es botín político de unos y otros en la antesala de las elecciones legislativas que se celebrarán el 22 de octubre.
En un país polarizado, los seguidores de Macri acusan a los simpatizantes del anterior gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) de armar una campaña para dañar al Ejecutivo.
Los detractores del presidente comparan a su vez el accionar del gobierno en derechos humanos con la dictadura militar, que dejó 30.000 desaparecidos entre 1976 y 1983.
