La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizar un juicio contra ocho de sus magistrados, a quienes acusa de propiciar una ruptura del orden constitucional.

El TSJ “a través de la Sala Constitucional, a la que pertenecen los ocho magistrados, ha venido ejecutando como política reiterada, dictando distintas decisiones (…), en la(s) cual(es) se produce una ruptura del orden constitucional”, declaró Ortega al anunciarle su solicitud a la prensa, en las puertas de la corte.

Ortega se refería a las sentencias de gran “impacto y magnitud” emitidas a fines de marzo con las que el TSJ, acusado de servir al Gobierno, asumió las funciones del Parlamento, bajo control de la oposición, y retiró la inmunidad de los diputados.

Ortega, confesa chavista, calificó entonces eso fallos como un “ruptura del orden constitucional”. Su declaración y la fuerte crítica internacional hicieron que el TSJ diera marcha atrás en esas decisiones, pero quedó encendida la chispa de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que desde el 1 de abril dejan 67 muertos.

“En esas sentencias se le estaba dando poderes especiales al presidente de la República incluyendo en materia penal (…), igualmente prácticamente se disolvía a la Asamblea Nacional”, prosiguió la funcionaria.

“Por capricho”

“No puede ser que el TSJ (diga) hoy no me gusta la Asamblea y la elimino, mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino (…). Necesitamos seguridad, no puede ser que se desmantele el Estado (…) solamente por caprichos“, agregó.

El pronunciamiento de Ortega sobre la ruptura del orden constitucional abrió una grieta en el chavismo que desde entonces se ha profundizado: funcionarios del Gobierno la tildaron de “traidora”.

La fiscal impugnó el lunes por “irregularidades” el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista. Considera que la parcialidad de esos jueces ha acelerado la severa crisis del país.

Ortega reiteró su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro por considerar que violenta los Derechos Humanos y la democracia participativa y protagónica.