Los diputados de oposición y oficialismo argentinos aprobaron con un voto contundente la madrugada del miércoles un proyecto de ley para frenar la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad, antes de una marcha de repudio a un fallo de la Corte Suprema que crispó al país.
El Senado se convocó para una sesión de urgencia este miércoles en la mañana para acelerar la aprobación final a una ley que constitucionalistas han señalado como la vía más expedita para evitar la liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos, tras un polémico fallo de la Corte hace una semana.
En un debate largo e histórico, reflejo de cuán sensible es el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura (1976-83), los diputados aprobaron por 211 votos a favor y sólo uno en contra el proyecto que limita la aplicación del beneficio de reducir condenas a culpables de crímenes de lesa humanidad.
El pedido para tratar el tema estuvo a cargo de Victoria Donda, nieta recuperada gracias al trabajo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y legisladora de centroizquierda que preside de la comisión de Derechos Humanos.
Donda pidió “dar un contundente y claro mensaje a la justicia que en este país no vamos a renunciar a la memoria, verdad y justicia” tras una dictadura que dejó 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos.
“No queremos que ningún genocida esté caminando en nuestras calles“, dijo Donda.
El cuestionado fallo de la Corte Suprema, donde tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de condena para el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión-, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores para desconocer el dictamen.
El martes fueron acusados de prevaricato los tres jueces que votaron el fallo por considerar que se hizo de manera arbitraria y contrario a lo que dictan estándares internacionales en la materia.
En Argentina, el dictamen de la Corte en un tema particular como el caso Muiña, puede ser cuestionado y no acatado por tribunales de primera instancia. Desde el viernes, al menos tres jueces han negado otorgar el beneficio de la reducción de pena a represores condenados que la han solicitado.
Se estima que al menos 250 condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina podrían solicitar la excarcelación anticipada.
El proyecto de esta ley tiene sólo tres artículos. Establece que el beneficio conocido como “dos por uno”, que permite al condenado descontar dos años de cárcel por cada año cumplido, “no es aplicable a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra”.
El segundo artículo señala que “será aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley”, entre 1994 y 2001.
El tercero, en clara alusión a la Corte, dice que lo dispuesto en los dos artículos anteriores es “la interpretación auténtica” del “dos por uno” y que “será aplicable a las causas en trámite”.
