La mayoría opositora del Parlamento venezolano inició este miércoles un proceso para destituir a magistrados del máximo tribunal de justicia, que tiene escasas posibilidades de prosperar.

En un clima político cada vez más tenso, el debate se centró en la acusación de que los jueces perpetraron un “golpe de Estado” contra el Legislativo, prácticamente atado de manos pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en desacato en enero de 2016 y ha anulado todas sus decisiones.

Los alrededores del hemiciclo fueron militarizados, constató la Agence France-Presse, luego de que el martes una protesta opositora que reunió a unas 1.000 personas degeneró en actos de violencia que según la oposición dejaron medio centenar de heridos -uno baleado- y una docena de detenidos.

La bancada opositora acordó comenzar el proceso contra los jueces, a los que acusa de haber perpetrado un “golpe” después de que fueran más lejos la semana pasada al emitir dos sentencias con las cuales asumieron los poderes de la Asamblea y retiraron la inmunidad a los diputados.

En medio de denuncias de quiebre democrático y fuerte rechazo internacional, la corte -acusada de servir al presidente socialista Nicolás Maduro- anuló los fallos parcialmente el sábado.

“Nuestra lucha es por devolverle a la Asamblea sus competencias, el golpe de Estado no es solo contra la Asamblea sino contra el pueblo”, dijo durante el debate el presidente del Parlamento, Julio Borges, refiriéndose a la aguda crisis socioeconómica.

Escasas posibilidades

El bloque chavista llegó para la segunda parte de la sesión, cuando sus adversarios ya habían aprobado el texto que plantea además “luchar por el restablecimiento del hilo constitucional”, la realización de elecciones y la liberación de “presos políticos”.

Para este jueves está convocada una manifestación en Caracas. Las realizadas desde el lunes han pasado factura a los diputados opositores: Juan Guaidó llegó este miércoles con un brazo enyesado y Juan Requesens con varios puntos sutura en la frente.

Otros parlamentarios, entre ellos Borges, fueron alcanzados el martes por gases que la policía dispersó para evitar que la marcha avanzara hacia la sede del Legislativo, en el centro de Caracas, donde manifestaba el chavismo.

Las posibilidades de remoción de los jueces son escasas, pues dependen del Poder Moral, integrado por la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor, cercanos al gobierno.

La fiscal general, Luisa Ortega, consideró los dictámenes de la semana pasada como una “ruptura del orden constitucional”, abriendo una fisura en el oficialismo que no suele ventilar sus discrepancias.

Pero para que el Poder Moral declare que los magistrados cometieron una “falta grave” y el caso sea resuelto por el Parlamento, se requiere el voto de al menos dos de sus tres integrantes.

Ya el defensor del pueblo, Tarek William Saab, descartó que las decisiones judiciales hayan ocasionado una “ruptura del orden constitucional”. Aún así, la Asamblea pidió al Consejo calificar la “falta grave” basado en la declaración de la fiscal.

A todo ello se suma el estatus de desacato declarado por el TSJ, a raíz de la juramentación de tres diputados acusados de fraude electoral.