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Bolivia suspende reunión extraordinaria de la OEA por situación en Venezuela

ARCHIVO | Agence France-Presse
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Una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre la crisis institucional en Venezuela fue suspendida este lunes por decisión de la presidencia encargada de Bolivia, ante la protesta mayoritaria de los países de la organización.

El diplomático boliviano Diego Pary denunció “imposiciones” y acotó que su delegación no había sido consultada sobre la reunión, pedida de urgencia por 20 países el viernes, tras un exhortó similar del secretario general, Luis Almagro.

Pary, que asumió formalmente este lunes las riendas del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) hacía referencia a que la reunión fue pedida durante el mandato de Belice.

Un grupo de 18 países, de los 35 activos que integran la organización, protestaron la suspensión en una nota formal, exigiendo a Bolivia la reprogramación de la sesión.

Pero fuentes diplomáticas confirmaron que se mantenía firme el apoyo de 20 países a la reunión.

Esas delegaciones imprimen carácter de urgencia a discutir el caso venezolano, debido a la crisis generada por la decisión del máximo tribunal de ese país de atribuirse facultades legislativas y retirar la inmunidad a los parlamentarios, en fallos luego parcialmente anulados.

La decisión de Bolivia, que no fue consultada, sorprendió a varias delegaciones diplomáticas, que rodearon a Pary previo a la ceremonia de intercambio de la presidencia del Consejo para obtener una explicación.

“Es desafortunado”, lamentó a AFP la embajadora de Canadá, Jennifer May Loton, mientras que el representando mexicano, Luis Alfonso de Alba denunció un “abuso” de parte de la delegación boliviana “que en esta casa no se había visto”.

La suspensión puso de relieve las divisiones en la organización continental: mientras Bolivia convocó a tratar el tema en una reunión informal, a puertas cerradas, embajadores contrarios se presentaron a la hora prevista en el salón del Consejo Permanente.

La sesión había sido pedida para ponderar si la OEA declara a Venezuela en violación de su orden constitucional en virtud de la Carta Democrática Interamericana, y activa mecanismos para presionar al país a convocar elecciones y liberar a opositores presos.

Canciller de Argentina

Trece países presentaron un proyecto de resolución a fin de declarar las sentencias “una violación del orden constitucional” y resolver implementar “mecanismos interamericanos” para la “preservación de la democracia” en Venezuela, conforme a la Carta Democrática Interamericana.

Pero también se asomaba la posibilidad de elevar el tenor de situación y convocar esta semana una reunión de cancilleres, como anunció el sábado el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, para “tomar una posición sobre la Carta Interamericana”, según el diario El Comercio.

Creada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA.

A la OEA acudía la canciller argentina Susana Malcorra, a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, que en un pronunciamiento el fin de semana exhortó a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto.

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro advirtió el domingo que Venezuela “no se deja ni se dejará” agredir jamás por la OEA ni el Mercosur.

La declaración de Mercosur marcó un cambio de Uruguay a posiciones más duras respecto a Venezuela, a lo que Maduro respondió acusando al canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa de “coordinar” con Estados Unidos “agresiones contra Venezuela.

Este lunes, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, pidió a Maduro que presente “pruebas” de la acusación o “se retracte públicamente”.

La confusión se desató en Venezuela desde que los magistrados se adjudicaran las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y retirara la inmunidad de los diputados.

Tras un fuerte rechazo internacional y la presión de la oposición que denunció un “golpe de Estado” y la intervención de la fiscal general, Luisa Ortega, que denunció una ruptura del orden constitucional, el máximo tribunal anuló parcialmente esos fallos tras un pacto entre los poderes públicos al que no acudió la cabeza del parlamento opositor.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien denunció las sentencias como un “autogolpe”, criticó la marcha atrás del tribunal, señalando que “de una ruptura institucional no se sale con aun más alteración del orden constitucional”.

La aprobación de la resolución, respaldada entre otros por Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, constituiría el paso más drástico de la comunidad continental desde el inicio de la crisis institucional venezolana hace un año.

Varios de esos países han llamado a Venezuela a liberar sus “presos políticos” y a fijar un calendario de elecciones, que incluya los comicios regionales suspendidos indefinidamente el año pasado.

Pero Caracas rechaza cualquier intervención de la OEA y denuncia un intento de injerencia liderado por Estados Unidos.

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