La Justicia argentina dispuso este miércoles buscar pruebas de que la expresidenta Cristina Fernández intentó encubrir a exgobernantes iraníes acusados por el atentado en 1994 contra el centro judío AMIA, informaron fuentes judiciales.
El juez federal Ariel Lijo delegó en el fiscal federal Gerardo Pollicita la búsqueda de medidas probatorias de que la firma del tratado entre Argentina e Irán en 2013 para formar una comisión internacional investigadora del ataque, con saldo de 85 muertos y 300 heridos, fue una maniobra de encubrimiento.
La acusación original contra Fernández fue lanzada en enero de 2016 por el primer fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman. El funcionario apareció muerto cuatro días después en el baño de su departamento con un tiro en la sien. El disparo fue realizado con una pistola que Nisman le había pedido prestada a un colaborador en un caso que aún es un enigma.
La dirigencia comunitaria argentina y los gobernantes de Israel apoyan la investigación contra Fernández.
La expresidenta, que gobernó entre 2007 y 2015, argumenta que la denuncia es un caso de persecución política por su condición de opositora al gobierno de Mauricio Macri y que si hubiera un delito, nunca se cometió porque el tratado no entró en vigor.
El memorándum de entendimiento argentino-iraní tuvo un aval mayoritario del Congreso en Buenos Aires, incluso de legisladores que apoyan ahora al macrismo, pero Teherán nunca lo revalidó. La comisión internacional jamás pudo formarse.
Fernández reclamó en cada uno de sus discursos anuales ante Naciones Unidas que Irán aceptase un interrogatorio por un juez argentino de los exgobernantes iraníes acusados del ataque, entre ellos el expresidente Ali Rafsajani, recientemente fallecido.
Organizaciones de familiares que criticaban al fiscal Nisman por presunta inacción en la investigación del atentado respaldaron el tratado con reservas. Anticipaban que sería casi imposible que Teherán llevara a sus dirigentes a sentarse en un banquillo judicial.
La defensa de Fernández sostiene que no pudo haber encubrimiento porque siempre estuvieron vigentes las alertas rojas de Interpol para arrestar a los iraníes. Las entidades comunitarias judías afirman que la exmandataria trataba de ampliar el comercio con Irán a cambio de debilitar la acusación contra los exgobernantes inculpados.
