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Hallan 12 cadáveres de personas detenidas en operativos anticrimen en Venezuela

ARCHIVO | Agence France-Presse
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El hallazgo en fosas comunes de los cuerpos de 12 personas que habían sido detenidas en un operativo contra la delincuencia en octubre, revivió en Venezuela la polémica por denuncias de violaciones a derechos humanos en planes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.

Los cadáveres, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados entre el viernes y el sábado pasados en un área montañosa de Barlovento, estado Miranda (centro-norte).

Según familiares, las víctimas eran agricultores; mientras que las autoridades aún no las identifican ni precisan el motivo de las detenciones.

Tras el arresto de 11 militares por su presunta responsabilidad, activistas humanitarios encendieron las alarmas en torno a las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), lanzadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la policía en julio de 2015 para combatir la desbordada inseguridad.

La abogada Rocío San Miguel, experta en temas militares, pidió “poner fin” a las OLP, al acusarlas de ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales.

“No puede la FANB continuar depredando y arrasando poblaciones. Ya basta”, expresó San Miguel en Twitter, dirigiendo su mensaje al ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.

Pero el presidente Maduro ha defendido la necesidad de las OLP para “garantizar la paz y la tranquilidad” ante la acción de bandas armadas que cercan a los venezolanos, especialmente en las barriadas más pobres.

El experto en seguridad Fermín Mármol duda de la efectividad de las OLP. “Me temo que el plan no tuvo mucho éxito ni en 2015 ni en 2016. El homicidio sigue aumentando, el secuestro y el robo siguen aumentando”, dijo a la AFP.

Según la Fiscalía, 17.778 homicidios ocurrieron en 2015 en Venezuela, con una tasa de 58,1 por cada 100.000 habitantes, seis veces mayor al promedio mundial.

“Una masacre”

Familiares de las víctimas acudieron a la Comisión de Política Interior del Parlamento (controlado por la oposición) para pedir apoyo de los asambleístas en un caso que la presidenta de esa instancia legislativa, Delsa Solórzano, calificó como “una masacre”.

Testimonios de las familias precisaron que las víctimas fueron detenidas entre el 13 y 16 de octubre, y que las vieron por última vez el día 19 en un centro de detención adonde les llevaron comida y ropa.

Las autoridades les dijeron que habían sido trasladadas y no volvieron a saber de ellas.

Según Solórzano, el número de muertos podría ser mayor, pues aún existen desaparecidos. “Por favor les pido que me ayuden, que busquen a mi hermano (Freddy Hernández) donde esté”, rogó Zulay Henrández, con voz entrecortada, en una rueda de prensa junto a la diputada.

“Las OLP se han transformado en ‘Operaciones de Liquidación del Pueblo’, no de liberación”, afirmó Jesús Torrealba, portavoz de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Sin explicar las circunstancias de las muertes, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, admitió en un comunicado que “militares que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje (…) incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos”.

Al mismo tiempo, expresó su “categórico rechazo” a los hechos, que consideró aislados.

– “Mano dura” –

El gobierno ha prometido “mano dura” contra lo que llama “bandas armadas paramilitarizadas”.

Mármol García reconoció que urgen medidas para “rescatar territorios controlados por grupos violentos”, pero subrayó que eso “nada tiene que ver con la violación de derechos humanos”.

Pese a ser considerada cercana al chavismo, la fiscal general, Luisa Ortega, ha mostrado preocupación por el aumento de denuncias contra las OLP.

Pero el ministro Reverol las considera exitosas, al asegurar que en su primer año dejaron 157 bandas criminales desarticuladas y 1.492 armas de fuego incautadas. No ofreció cifras de abatidos.

Según un estudio de la firma Hinterlaces, difundido en julio, 82% de los venezolanos -hartos de la delincuencia- respaldan a las OLP.

Mármol sostiene que los planes contra la delincuencia deben incluir políticas sociales de prevención del delito.

“No podemos dejar que las opciones para nuestros jóvenes en pobreza sean la cárcel o el cementerio”, expresó.

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