El presidente de Brasil, Michel Temer, se mostró el domingo dispuesto a bloquear una eventual amnistía a los miembros del Congreso por actos de corrupción, en un intento por apaciguar una serie de escándalos que amenazan su gobierno.

Temer respondió así a la indignación que causó el intento el jueves de votar en la Cámara de Diputados una iniciativa que aparentemente incluye una amnistía hacia el desvío de fondos para sobornos en campañas políticas.

“Sería imposible para el presidente de la República aprobar algo de esta naturaleza”, dijo Temer en una conferencia de prensa, inusual en un fin de semana.

Sentado junto a los titulares de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Renan Calheiros, Temer afirmó: “Estamos todos de acuerdo en que no existe la más mínima base (…) para seguir adelante con esta propuesta”.

Varios miembros del Congreso han sido vinculados a la presunta recepción de sobornos en el marco del escándalo de corrupción de la gigante estatal Petrobras.

Con la declaración de este domingo, el presidente trata de asegurar a los brasileños que combatirá la corrupción que ha salpicado a la élite política y que trabaja para recuperar la economía, la cual espera muestre señales de reactivación en el segundo trimestre de 2017.

Temer, quien asumió el poder definitivamente en agosto tras la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, ha prometido salvar a Brasil de su peor recesión en décadas, al igual que de los escándalos de corrupción.

El mandatario dijo que quiere dejar de lado la controversia de la amnistía para que el Congreso se enfoque en la votación de su proyecto para limitar el gasto durante 20 años, la primera de una serie de reformas de austeridad.

“Propondremos reformas para que Brasil salga de la recesión. Vamos a impulsar la industria, los negocios y la agroindustria”, dijo Temer.

La Cámara baja ya aprobó la limitación de los gastos, y el Senado se disponte a abordar la primera votación el martes.

Más acusados por corrupción

Pero los escándalos de corrupción amenazan con acentuar la crisis. El influyente Geddel Vieira Lima renunció el viernes como secretario del Gobierno, a cargo de la articulación política del Ejecutivo, tras ser acusado de un tráfico de influencias que apunta al propio Temer.

El exministro de Cultura, Marcelo Calero, acusó a Vieira Lima de haberlo presionado para que el Instituto del Patrimonio Histórico (Iphan), que dependía de su cartera, aprobara un proyecto inmobiliario en Salvador de Bahia (noreste), donde posee un apartamento.

Vieira Lima se convirtió en el sexto ministro en salir del gabinete desde que Temer asumió -en ese momento provisoriamente- el poder en mayo.

Según medios locales, Calero también indicó que el propio Temer lo había instado a buscar una solución al problema y que grabó la conversación con el mandatario.

“Que un ministro grabe al presidente de la República es gravísimo”, dijo Temer.

Una tormenta se avecina

Temer apareció este domingo flanqueado por Maia y Calheiros en una muestra de unidad y de que cuenta con capital político para avanzar con la reforma fiscal. 

“No nos estamos quedando quietos, estamos trabajando para construir el crecimiento, que vendrá poco a poco”, dijo Temer.

Pero limitar el gasto fiscal durante 20 años implicará recortes en seguridad social, pensiones y otras áreas sensibles políticamente, lo cual ya despertó la furia de la población, que ha protestado en las calles.

Mientras tanto, Temer y la élite política en Brasilia enfrentan una nueva potencial tormenta por corrupción.

Varios miembros del Congreso y de partidos políticos han sido implicados de recibir sobornos y fondos para campañas como parte del entramado de corrupción en la estatal Petrobras.

La situación podría empeorar con las confesiones de decenas directivos de Odebrecht -la empresa constructora que pagó millonarios sobornos para obtener contratos inflados con Petrobras- a cambio de reducciones de penas y que podrían implicar hasta unos 150 políticos.

Sería “ingenuo” no estar preocupado por las próximas revelaciones, admitió Temer.

“Cuando hablas de unas… 150 personas de la clase política, por su puesto que hay preocupación en un sentido institucional”, afirmó.