Un organismo internacional de derechos humanos denunció este jueves que Honduras se niega a cumplir un fallo de la Corte Interamericana, que le ordena reintegrar en sus cargos a cuatro jueces que fueron destituidos por denunciar el golpe de Estado de 2009.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) indicó que “el Poder Judicial hondureño expresó oficialmente que no reintegrará a los jueces y a la magistrada”, destituidos de manera arbitraria, y que en su lugar les pagaría una indemnización.
“Como única justificación, las autoridades alegaron que la restitución no es posible porque supuestamente no hay plazas disponibles”, pero en octubre nombraron a cuatro jueces de sentencia en San Pedro Sula (norte), según CEJIL.
Su reclamo tiene lugar al cumplirse este jueves el plazo de un año que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, para que los cuatro exmagistrados fuesen reintegrados.
“Tenemos seis años de esperar que haya justicia ante las violaciones que sufrimos, creemos que la única respuesta posible para resarcir el daño que se nos ha causado es que podamos retomar nuestras labores”, demandó Tirza Flores, una de las despedidas.
“No descansaremos hasta que el Estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales y nos reintegre en el cargo”, advirtió el juez destituido, Guillermo López Lone.
En un comunicado publicado en su página de internet, el Poder Judicial alegó que la sentencia ordena que el Estado deposite el dinero de la indemnización en una cuenta bancaria.
En un Twiter, el Poder Judicial anunció que “pago estipulado por la @CIDH en cumplimiento de la sentencia López Lone y otros versos Honduras ya fue consignado en la institución bancaria”.
En el comunicado indicó que, de acuerdo al fallo, si ellos no retiran el dinero en diez años “las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados” porque “en la actualidad no existen plazas” para reintegrarlos y así se cumplió la sentencia “en tiempo y forma”.
Los cuatro magistrados fueron destituidos luego de que denunciaran un “golpe de Estado” cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue depuesto en 2009 por el Congreso al amparo de una orden del Poder Judicial.
