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Exministro argentino a juicio oral por choque de trenes que dejó 51 muertos

Cristina Fernández y Julio de Vido | Agence France-Presse
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El exministro argentino Julio de Vido, influyente durante los 12 años de la gestión kirchnerista (2003/2015) al frente del ministerio de Planificación Federal, deberá enfrentar un tribunal por un choque de trenes que causó 51 muertos en 2012, en un juicio aún sin fecha, informó una fuente judicial.

El juez Claudio Bonadio cerró la instrucción en relación al exministro y elevó la causa a juicio oral al acusarlo de presunta coautoría del delito de descarrilamiento de un tren, agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, y como partícipe necesario de defraudación contra la administración pública, informó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema.

El choque ferroviario, conocido como “La tragedia de Once”, ocurrió en febrero de 2012, cuando un tren con 1.200 pasajeros embistió los paragolpes de la estación terminal en el barrio capitalino de Once, causando 51 muertos y 789 heridos, cuatro de ellas gravísimas.

Por este choque, la tercera tragedia ferroviaria de la historia argentina por cantidad de víctimas, un tribunal condenó a 21 personas a finales de 2015, en su mayoría exfuncionarios y empresarios del transporte, entre ellos dos exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, a seis y ochos años de prisión, respectivamente.

Tras el juicio, fueron imputados también De Vido, de 66 años, y Jorge Simeonoff, que era secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).

Jaime era jefe del área estatal de Transporte durante el gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). Schiavi ocupó el puesto durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

Hasta 2012, la secretaría de Transporte dependía del ministerio de De Vido, pero tras el trágico choque la expresidenta Cristina Fernández impulsó la reestatización y la modernización del servicio ferroviario y traspasó el área al ministerio del Interior.

Familiares de víctimas habían reclamado que se investigue la responsabilidad del ministerio de Planificación (obras públicas).

En su defensa, De Vido había afirmado que en sus funciones “no estaba la gestión de los transportes ferroviario ni automotor, menos aún el control y la fiscalización de las actividades desarrolladas por sus operadores”.

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