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Estado boliviano recupera áreas explotadas conjuntamente por cooperativistas y privados

ARCHIVO | Agence France-Presse
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El gobierno de Bolivia anunció este jueves que el Estado recuperará las áreas que las cooperativas mineras explotan en sociedad con empresas privadas, al margen de la ley, una semana después de violentas protestas de ese sector que concluyeron con el asesinato de un viceministro.

El decreto promulgado en una reunión extraordinaria de gabinete “revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras”.

Además, instruye “la reversión de áreas de las cooperativas mineras que no tengan actividad minera” y crea un ente estatal de “fiscalización y control de las cooperativas”, añadió el ministro de Minería, César Navarro.

Hay al menos 31 casos en los que las cooperativas firmaron contratos con privados infringiendo la ley, según el gobierno.

La medida afectaría el contrato de cooperativas con concesiones en el Cerro Rico de Potosí con la empresa Manquiri, subsidiaria de Coeur d’Alene Mines, que opera en el yacimiento de San Bartolomé, que invirtió 220 millones de dólares para la producción de lingotes de plata.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, explicó que “como gobierno respetamos al verdadero cooperativismo (…), pero aquellas cooperativas que ya se han convertido en empresas capitalistas semiformales, creemos que ahí el régimen ya debe ser otro, el régimen impositivo, el régimen laboral, ambiental, ya debe ser completamente distinto”.

Como consecuencia de la violenta ocupación de rutas a punta de dinamita de parte de mineros, el gobierno anunció también penas de entre 1 a 4 años de cárcel por el uso de dinamita en manifestaciones públicas. Los mineros defendieron sus posiciones en una serranía del altiplano frente a policías que intentaban rehabilitar el tráfico de vehículos.

A raíz del secuestro, tortura y asesinato del viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, que fue a la serranía a negociar, nueve dirigentes mineros fueron enviados preventivamente a la cárcel, mientras otros 18 están prófugos.

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