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Gobierno de Venezuela anuncia fuerte fiscalización a panaderías para evitar largas filas

ARCHIVO | Agence France-Presse
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El gobierno venezolano anunció fuertes fiscalizaciones contra las panaderías para evitar filas, que atribuye a “intenciones políticas“, dijo el superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, William Contreras.

Después de inspeccionar 1.900 panaderías en todo el país, “continuaremos la supervisión (porque) llama la atención que la recurrencia de filas solamente se da en Caracas, lo cual nos hace pensar que hay intenciones políticas”, declaró Contreras a medios locales durante una feria alimentaria.

En estos operativos se aplican multas a los comercios y otras sanciones como cierres temporales si se comprueban irregularidades.

A mediados de julio el presidente venezolano, Nicolás Maduro, delegó a los militares la fiscalización de puertos, aeropuertos, empresas y comercios para garantizar el abastecimiento de productos básicos.

La escasez de alimentos y medicinas alcanza un 80%, según estimaciones de la firma Datanálisis. Los venezolanos deben hacer interminables filas para acceder a los insumos que aparecen a cuentagotas.

“Hay una orden especial para hacer la distribución de la harina de trigo panadero que está llegando desde julio en condiciones normales, que debería permitir la estabilización del sistema“, explicó Contreras.

Sin embargo, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina, Juan Crespo, advirtió en una entrevista radiofónica que “no hay suficiente materia prima para producir pan”.

“El Gobierno debe entender que las panaderías no son procesadoras de trigo y que el problema es la producción”, añadió Crespo.

Por su parte, el secretario general de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, criticó la ofensiva gubernamental.

“El Gobierno pretende esconder las colas en las panaderías, como si se pudiera tapar el sol con un dedo”, escribió Torrealba en su cuenta de Twitter.

Maduro acusa al sector privado de promover una “guerra económica” para desestabilizar a su gobierno, mediante el sabotaje de la producción y el acaparamiento para generar escasez.

Los empresarios niegan esos señalamientos y reclaman al gobierno un mayor acceso a divisas para importar insumos, en medio del férreo control de cambio, vigente desde 2003.

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