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Justicia brasileña suspende acuerdo entre gobierno y mineras por desastre ambiental

Christophe Simon | Agencia AFP
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La Justicia brasileña suspendió provisionalmente este viernes el acuerdo firmado entre el gobierno, la minera Samarco y sus propietarias Vale y BHP Billiton para reparar los daños causados por el deslave que mató 19 personas y derivó en la peor catástrofe ambiental del país el pasado noviembre.

A pedido de la Fiscalía, la homologación judicial del documento, realizada en mayo, fue ahora congelada por un alto tribunal, que consideró que la instancia que validó el acuerdo no era la adecuada.

El convenio, anunciado en marzo, estipulaba las acciones que deberían tomar las empresas responsables de la tragedia para recuperar las áreas afectadas, a través de un plan a 15 años con una inversión estimada entonces en unos 24.100 millones de reales (7.454 millones de dólares al cambio actual).

En su decisión, la jueza Diva Malerbi criticó, sin embargo, “la ausencia del adecuado debate” con los agentes locales para negociar las reparaciones.

Con la suspensión del acuerdo, que puede ser apelada, vuelve a tomar vigencia la demanda que presentaron en noviembre el gobierno federal y los estados afectados, por la que reclamaban a las mineras 20.000 millones de reales (USD 6.186 millones) para indemnizar a las víctimas y recuperar la cuenca del río Doce, destruida por el vertido.

Tanto Samarco como Vale, propietaria a partes iguales de la compañía junto a la gigante anglo-australiana BHP-Billiton, anunciaron que recurrirán la suspensión del convenio y que continuarán cumpliéndolo a pesar de la decisión de la Justicia.

Un embalse de desechos mineros colapsó el 5 de noviembre de 2015, desatando un torrente de lodo que enterró un pueblo de Minas Gerais (sudeste) y dejó un saldo de 19 muertos, centenares de desplazados y la peor tragedia ambiental de la historia de Brasil.

Cientos de kilómetros cuadrados fueron arrasados por el tsunami de barro generado por el derrumbe, que atravesó dos estados por el cauce del río Doce y llegó hasta el mar, con consecuencias desastrosas para la vida cotidiana de miles de habitantes, el medio ambiente y la economía local.

El deslave agitó metales pesados que estaban decantados en el lecho del río y los elevó por encima de los parámetros máximos, por lo que las autoridades suspendieron las actividades pesqueras.

Disconforme con el acuerdo alcanzado por el gobierno, la Fiscalía pidió en mayo a las empresas responsables una reparación de 155.000 millones de reales (USD 48.000 millones) para que pagaran “íntegramente” los daños sociales, económicos y ambientales causados por la tragedia.

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