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Nueva ley anticorrupción en México causa decepción entre ciudadanos y empresarios

Yuri Cortez | AFP
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Las cinco principales leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México fueron aprobadas por el Congreso, pero dos inesperados artículos despertaron indignación este viernes entre los ciudadanos y empresarios que promovieron la histórica iniciativa.

El dictamen, que pasó por las cámaras Alta y Baja y fue llevado al Ejecutivo para ser ratificado, busca “la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción”, indicó un comunicado de la Cámara de Diputados el jueves.

Pero en un país en el que cada año desparecen unos 100.000 millones de dólares del tesoro público, la polémica se desató con la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las cinco normativas ya aprobadas -de un total de siete-.

En su artículo 29, esta ley que llegó al Congreso a través de una pujante iniciativa ciudadana que recolectó más de 600.000 firmas, establecía el llamado “tres de tres”, es decir, que todos los funcionarios que manejaran recursos públicos estarían obligados a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

Pero los legisladores añadieron: “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales” de los servidores públicos.

“Definitivamente muy lejos de la expectativa que teníamos los ciudadanos y de la exigencia que teníamos hace más de un año”, dijo a la AFP Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, una de las organizaciones civiles que más lobby hizo en la redacción de la ley anticorrupción y que cifra en un 9% del Producto Interno Bruto el costo de la corrupción para México.

Para la experta, se trata de “una oportunidad histórica que se perdió”, y una muestra de que “los legisladores no reconocen el nivel de hartazgo”.

Por otro lado, el artículo 32 especifica qué personas estarían obligadas a presentar las tres declaraciones, y aunque el objetivo eran los funcionarios, los legisladores ampliaron la norma a “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos”. Además, se incluye a todos los empleados de empresas que trabajen para el gobierno.

Valeriano Suárez, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, un sindicato que reúne a cientos de empresarios, dijo que los legisladores pretenden “que haya tantas declaraciones patrimoniales que se pierdan las de ellos”.

“Si hay un hotel que le da servicio a servidores públicos, todos los empleados y proveedores de ese hotel tendrían que presentar la ‘tres de tres"”, explicó a Milenio Televisión.

Para Zapata, se trata de “un texto estúpido (…) con costos altos en términos económicos y de competitividad para México”, que será imposible de implementar y además ahuyentará la inversión nacional y extranjera.

México es considerado entre los países menos transparentes del mundo, ocupando el lugar 95 de 167 según Transparencia Internacional.

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