La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, confirmó durante la tarde de este miércoles la suspensión condicional del procedimiento a favor de SQM en su calidad de personalidad jurídica.

Lo anterior, pese a los esfuerzos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por lograr revocar la suspensión condicional a la minera no metálica junto a sus filiales Nitratos y Salar.

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En concreto, el CDE fue enfático en argumentar que lo que se necesita es un juicio contra la empresa por los delitos de cohecho y soborno que evidencie, frente a los chilenos, que la justicia actúa frente a delitos de financiamiento ilegal de la política, pese a que las sanciones que se puedan obtener en ese proceso sean menores que las de la salida alternativa.

Dicha postura, en contraposición a la expresada por la Fiscalía, que insistió en sus alegatos que la salida alternativa de la causa para SQM permite recaudar más dinero para el Fisco que los alcanzables en un juicio, que sólo alcanzarían los 470 millones de pesos: casi la mitad de lo acordado con la defensa de la empresa en la suspensión.

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De esta manera, para concretar la salida alternativa visada previamente por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, SQM deberá pagar 2.550 millones por el soborno de figuras políticas, entre las que destaca el exministro de Economía de Piñera, Pablo Longueira, al igual que el subsecretario de Minería de esa misma administración, Pablo Wagner.

El pago de la multa deberá ser entregada a instituciones públicas y organismos del país, del área de la salud y ayuda social, con el objetivo de ayudarlas en sus funciones.

Específicamente, el pago considera 900 millones de pesos al fisco, 350 a Fundación Debra, que trata niños con piel de cristal; 250 millones de pesos al Pequeño Cottolengo de Cerrillos; 550 millones de pesos al Hospital Sanatorio Marítimo de Viña del Mar; y 200 millones de pesos a la ONG Toki de Isla de Pascua.