El Sindicato de Supervisores y Profesionales de la División Salvador presentaron una demanda por amenazas y chantaje contra el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, ante el Primer Juzgado de Letras de Santiago.

En el escrito acusan un grave conflicto laboral entre ambas partes, en el que la autoridad habría amenazado a los trabajadores y a sus dirigentes, manifestando que no defendería el proyecto Rajo Inca en la región de Atacama -que da continuidad a dicha División- si no accedían a un “armisticio” o “borrón y cuenta nueva”.

En concreto, apuntan a las declaraciones que -según manifiestan- Pizarro entregó en un discurso dirigido a los supervisores el 23 de agosto del año pasado, el que -en la opinión del grupo- condiciona de manera directa el futuro laboral de los trabajadores al cese de una demanda contra Ricardo Miranda, Gerente de Recursos Mineros y Desarrollo de la compañía.

“No logro comprender, no puedo aceptar, que tengamos profesionales de alta calificación demandados (…) y el objetivo de mi presencia acá es intentar generar con ustedes una suerte de compromiso, borrón y cuenta nueva, ¿a cambio de qué? a cambio de que yo pueda hacer el compromiso de gatillar la factibilidad del Rajo Inca”, habría dicho Pizarro según el registro aportado por el sindicato.

“Lo que hizo en esa oportunidad, tras aludir a las denuncias y entendiendo el peso que tiene él en la Corporación, fue amenazar a los supervisores. Y por si esto fuera poco, lo hizo en un discurso
lleno de juicios despectivos y discriminatorios, ofendiendo principalmente a mujeres y profesionales jóvenes. Por eso, por la obligación legal y moral de defender los intereses de nuestros asociados, y respaldados por nuestra Asamblea de Socios, decidimos demandarlo”, explica Rodrigo González, presidente del sindicato.

Para los dirigentes, tras los dichos de Pizarro se esconde un blindaje desmedido de la cuprífera estatal en favor de un ejecutivo que fue denunciado por el sindicato ante la Inspección del Trabajo por vulneración de derechos fundamentales y ante la Contraloría General de la República por conflicto de interés.

Funcionarios aseguran que Codelco no transparentó los resultados de la investigación que llevó a cabo por supuestas irregularidades denunciadas por una asignación directa y una licitación privada con contratos que fueron adjudicados al antiguo empleador de Miranda: E-Mining.

“El Presidente se la jugó en sostener una defensa desmedida hacia el Ejecutivo, pero para su mala suerte, el Juzgado de Letras de Diego de Almagro sentenció a Codelco por vulneración de derechos fundamentales, reconociendo que el derecho a la integridad psíquica y a la honra personal de un supervisor de la División Salvador fue vulnerado por Miranda. Es un tribunal de justicia el que comprueba que todas las denuncias que venimos haciendo desde el 2016, estaban en lo cierto”, manifestó González.

Asimismo, dijo que con la acción contra Pizarro buscan que haya un reconocimiento de las prácticas antisindicales que ocurrirían en la firma.

En tanto, desde Codelco declinaron hacer comentarios respecto a la demanda presentada por trabajadores de la división Salvador.