Hace más de un año fueron los llamados Panama Papers, pero esta vez son los Paradise Papers. Es la filtración de 13 millones de documentos, de los cuales cerca de la mitad provienen de la oficina de abogados Appleby, la que tiene sede en Bermudas y ofrece servicios de asesoría offshore. En este megacaso, dado a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, involucra a personajes desde la Reina Isabel II hasta la cantante Shakira, pero también golpeó a actores que operan en Chile.

Hasta el momento, han aparecido mencionadas la minera Glencore, la que sacó, como un supuesto préstamo, US$ 534 millones de sus excedentes para enviarlos a una sociedad creada en la isla caribeña. Además, según reveló Ciper Chile, uno de los principales operadores del Transantiago, Alsacia Express, disparó el pago a sociedades relacionadas chilenas, pese a estar al borde de la quiebra.

Lee también: Alsacia: reportaje reveló negocios en paraísos fiscales de la operadora del Transantiago

En el caso de Alsacia, la firma de controladores colombianos que -incluso- implementó un plan de reestructuración, pagó a empresas de su misma propiedad por servicios complementarios al giro de transporte de pasajeros en 2013 por cerca de US$ 12,6 millones, pero dicha cifra se disparó hasta los US$ 55 millones tres años después.

Por ejemplo, según da cuenta la investigación de Ciper, los controladores crearon en Bermudas una sociedad que es la matriz de Express de Santiago Uno: otro operador del sistema que tiene a su cargo más de 50 recorridos.

Ante ello, la ministra de Transportes, Paola Tapia, aseguró a Radio Bío Bío que solicitaron a Alsacia antecedentes respecto a las empresas relacionadas. Pero acusaron que dicha petición fue negada por la empresa, puesto que ello no se encuentra entre las exigencias del último contrato suscrito con la firma en 2012.

“Si bien los contratos que rigen las concesiones del Sistema de Transporte Público Metropolitano no establecen ninguna restricción particular respecto a la contratación ni el deber de informar sobre empresas relacionadas, todas las operaciones deben efectuarse dentro del marco legal vigente”, explicó más tarde la cartera a través de un comunicado.

En tanto, “las nuevas Bases de Licitación de uso de vías 2017 impulsadas por esta administración, establecen que la Dirección de Transporte Público Metropolitano debe autorizar la subcontratación de empresas, cuyos pagos excedan los $50 millones mensuales por el mismo servicio, permitiéndose así, entre otras cosas, acceder a la información financiera de las firmas subcontratadas. Asimismo, los nuevos contratos contemplan la atribución de pedir la cancelación de dichos convenios, en caso de que el ministerio no los autorice, bajo apercibimiento de término anticipado del Contrato de Concesión“, añadieron.

SII tras las empresas de Chile

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos confirmó también un seguimiento a las compañías mencionadas en el escándalo, en coordinación con las 37 administraciones tributarias parte de la red JITSIC de la OCDE.

Lee también: Impuestos Internos seguirá a empresas chilenas mencionadas en los Paradise Papers

A pesar de estas operaciones, el SII enfatizó que “se debe tener presente que la utilización de esquemas internacionales como la creación o utilización de sociedades Offshore en regímenes fiscales preferenciales no constituye en sí misma una conducta ilegal en materia tributaria”.

Actualmente, Chile tiene vigentes 32 convenios para evitar la doble tributación internacional y, como parte de la OCDE, existen tratados de facilitación de información con casi un centenar de países.

Sin embargo, el académico del DCS de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, explicó que -precisamente- los llamados “paraísos fiscales” no tienen obligaciones de entregar antecedentes, a pesar de las solicitudes que puedan recibir.

De esta forma, compañías pueden “triangular” capitales desde jurisdicciones con ventajas tributarias, a través de -por ejemplo- la entrega de créditos entre empresas relacionadas, el otorgamiento de acciones y, así, una amplia gama de mecanismos para pagar menos impuestos.