Una consulta a Contraloría por la correspondencia de un millonario pago a un exdirector y dirigente sindical de Codelco, sumado a que posteriormente, el ente fiscalizador haya dispuesto ante el Ministerio Público antecedentes de presuntas contrataciones irregulares por $31.000 millones.

Dichos hechos han enfrentado al contralor Jorge Bermúdez con el presidente del directorio de la cuprífera, Óscar Landerretche, respecto a si la corporación se rige bajo la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado y la Ley de Compras Públicas -similar a un servicio público- o se opera bajo la Ley de Gobierno Corporativo y la Ley de Sociedades Anónimas.

Landerretche llegó hasta la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, instancia en la que parlamentarios de oposición calificaron el actuar del directorio como el de una “república independiente”, a lo cual respondió.

Además, adelantó que Codelco trabaja en una propuesta de Ley Interpretativa para definir el diferendo, junto a otras iniciativas.

A través de un documento, Codelco señaló que la Contraloría se basa en una equivocada aplicación de una prohibición absoluta de contratación con personas relaciones contenida en la Ley de Compras Públicas. Esto en alusión a los antecedentes de contrataciones de la empresa Hatch para un proyecto en Chuquicamata, en el que habría personas relacionadas, pero Landerretche afirmó que este tipo de procesos son informados a la plana mayor.

Este hecho, sumado a la disputa por el retiro del director Augusto González, llevaron al diputado de la UDI Felipe Ward, a señalar que Codelco se está poniendo sobre la Contraloría, tras la decisión del directorio de por ahora, perseverar en su actuar bajo la Ley de Sociedades Anónimas.

La disputa a juicio de Landerretche, pone en jaque el modelo de gestión de Codelco y afirma que ha generado una enorme incertidumbre a nivel sindical, por lo que el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, pidió tres informes en derecho para analizar el tema ante la consulta de trabajadores.

Ante ello, el diputado del Partido Socialista Juan Luis Castro, señaló que la determinación de Contraloría “echa por tierra” la gestión de diversas empresa públicas, en particular la de Codelco.

Por un lado, Codelco va a apelar a los dictámenes de Contraloría, incluso, pudiendo escalar hasta la Corte Suprema. A lo anterior, se debe sumar que hay conversaciones de la cuprífera con los ministerios de Hacienda y Minería para ver en términos legislativos qué se puede hacer.