Este martes, la Dirección del Trabajo divulgó la lista de condenas dictadas por los tribunales durante el segundo semestre del año pasado. Esta vez aumentó el número de sanciones respecto de las 19 sentencias aplicadas los primeros seis meses de 2016.
La acción fiscalizadora de la Dirección del Trabajo (DT) permitió a los tribunales de justicia condenar durante el segundo semestre del año pasado a 32 empresas de todo el país por haber incurrido en prácticas antisindicales.
Esta vez los tribunales aplicaron multas por 92.458.000 millones de pesos, equivalentes a 2.000 UTM, además de ordenar el cese inmediato de las infracciones cometidas, consideradas graves por el ordenamiento legal debido a que violentan el ejercicio de la libertad sindical. También disponen las medidas de reparación que consideren adecuadas a la ilegalidad incurrida.
Otro efecto perjudicial para las empresas condenadas -tal vez el de mayor peso- es que durante dos años, a partir de la sentencia ejecutoriada, no pueden ser proveedoras del Estado, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 19.886. Es decir, quedan excluidas del Sistema de Compras Públicas del Estado por el periodo citado.
En cuanto a las empresas ahora condenadas, no hay repeticiones respecto de la nómina anterior.
Sin embargo, resaltan como Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Brink’s Chile S.A., la compañía Gas Austral S.A., Ripley Store Ltda. y el Instituto Profesional Los Leones Ltda.
Respecto de las infracciones más comunes, aparecen ejercer discriminaciones indebidas entre los trabajadores para incentivar la afiliación o desafiliación sindical; despidos masivos de trabajadores y variaciones injustificadas en las funciones de dirigente sindical e incumplimiento de obligaciones contenidas en contratos colectivos; reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, entre otras.
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