La Segunda Sala del Tribunal Constitucional presenció este jueves los alegatos por la contienda de competencia interpuesta por la Contraloría General de la República ante ese órgano el pasado 28 de diciembre, para definir quién decide el régimen de los funcionarios de la DGAC.

Por cinco votos a favor de la Contraloría y cero en contra, el tribunal adoptó acuerdo decidiendo que será la institución dirigida por Jorge Bermúdez la que decida sobre las pensiones de los 869 trabajadores civiles en cuestión.

La sentencia definitiva será expedida, notificada y publicada en la web de esta Magistratura el 18 de enero, dentro de los plazos establecidos por la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional, aún existe una contienda por competencia que debe dirimir la comisión de Constitución del Senado en un recurso que se encuentra suspendido en la Corte Suprema y que también provino del vigésimo noveno juzgado.

La institución representada por Jorge Bermúdez presentó este recurso luego de que el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago acogiese a trámite la acción de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, para cambiar su régimen previsional de AFP a Capradena.

Bermúdez, el Contralor General de la República, aclaró que la entidad que representa es autónoma y se somete a los dictámenes de los tribunales. “En este momento, hay un total de 82 recursos de protección presentados ante el Tribunal Constitucional y la mayoría de ellos en contra de dictamenes de la Contraloría”.

“Está en la Ley”

“Hace unas semanas, conocimos la sentencia de la Corte Suprema que dice expresamente que la Contraloría actuó arbitrariamente cuando le prohibió a una municipalidad del norte de Chile abrir un supermercado popular”, comentó el Contralor. “Si la Corte estima que eso es constitucional, no nos queda más remedio que aceptarlo“, añadió.

Lo particular de esta situación con los funcionarios de la DGAC es, según Bermúdez, que su demanda ya figura en la Ley: “Basta con leer las normas. Esta situación está resulta en la Ley, nosotros solo decimos que hay que aplicarla”.

“Por tanto, si alguien está en contra de lo que dice la norma, tiene que solicitar al poder legistativo y al Congreso que impetre una modificiación“, matizó. “El intento de soslayar la existencia y competencia de la Contraloría es lo que ha motivado la imposición de este recurso“, finalizó el Contralor, Jorge Bermúdez.

El máximo responsable de la Contraloría quiso añadir también en su alegato que “nos hubiese gustado que nos notificaran también a nosotros la demanda” en el momento en que los trabajadores presentaron el recurso a su decisión de que permaneciesen en la AFP.

Ataques al contralor

Por su parte, el representante de los solicitantes de un cambio de régimen fue el abogado Héctor Rodríguez, en representación de la funcionaria Mónica Hernández.

El jurista subrayó que Bermúdez pretendía exceder las facultades que la ley le concede a la Contraloría y que sus compañeros no podrían recurrir a un organismo imparcial para resolver esta disputa.

Parte del petitorio de la extensa movilización de la DGAC a fines del año pasado fue el cambio de régimen de cotización desde las AFP a Capredena.

El motivo es que su escalafón de sueldo se rige bajo el de la Fuerza Aérea y, por consiguiente, los bonos, asignaciones por zona y diversos elementos entran en el total imponibles. Es por esta decisión de la Contraloría, que dicen sentirse “perjudicados”.

El presidente de la Asociación de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, José Pérez, señaló que la estrategia del contralor Bermúdez antenta contra “el Estado de derecho”.