La Unión Europea (UE) aprobó formalmente este viernes prorrogar las sanciones económicas contra Rusia por la falta de progresos en la aplicación de los acuerdos de Minsk destinados a poner fin al conflicto interno en Ucrania.

“El 1 de julio de 2016 el Consejo [que representa a los 28 Estados miembros] ha prorrogado las sanciones económicas dirigidas a sectores específicos de la economía rusa hasta el 31 de enero de 2017”, indica un comunicado.

El texto precisa que “evaluada la aplicación de los acuerdos de Minsk, el Consejo ha decidido ampliar la duración de las sanciones otros seis meses”.

“Bien merecido. Las sanciones continuarán hasta la aplicación total de los acuerdos de Minsk”, reaccionó apenas se oficializó la decisión la presidenta lituana, Dalia Grybauskaite, particularmente activa en la ofensiva comunitaria contra Rusia.

Las sanciones están dirigidas contra el sector petrolero, financiero y del armamento. La UE decidió imponer estas medidas luego del derribo del avión de pasajeros de Malaysia Airlines, el vuelo MH17, en julio de 2014, primero por un año y luego decidió vincular su vigencia a la aplicación de los acuerdos de Minks.

En concreto limitan el acceso a los mercados primario y secundario de capitales de la UE a cinco “importantes entidades financieras rusas con participación mayoritaria del Estados” así como sus filiales establecidas fuera de la UE.

La misma limitación rige para tres importantes empresas rusas del sector de la energía y otras tres de defensa. Las medidas también restringen el acceso de Rusia a ciertas tecnologías y servicios que se utilizan en la producción y exploración petrolíferas, en especial en aguas profundas.

Imponen asimismo una prohibición para exportar e importar armamento, así como para exportar productos de doble uso (civil y militar).

A mediados de junio la UE también extendió por un año, hasta junio de 2017, las sanciones impuestas al territorio de Crimea y Sebastopol por la anexión de la península a Rusia en marzo de 2014.

El bloque europeo también impuso una prohibición de visado y el congelamiento de los haberes en la UE a 146 rusos y ucranianos y a 37 entidades por apoyar a los separatistas del este de Ucrania. Estas medidas estarán vigentes hasta septiembre.

En represalia a estas medidas, Rusia adoptó un embargo a los productos alimentarios de la UE que el miércoles prolongó hasta fines de 2017.

Este embargo, combinado a una crisis en el sector agrícola por la caída en la demanda china de algunos productos, provocó caídas importantes en los ingresos de los agricultores europeos.

El embargo, prolongado por primera vez el año pasado, iba a expirar en agosto.

Según un informe interno revelado por la agencia rusa TASS, el gobierno ruso cifra en 9.300 millones de euros las pérdidas de los países afectados por el embargo.