El pasado 25 de octubre ingresó al Congreso el proyecto de ley que busca regular el uso de plataformas tecnológicas como Uber y Cabify, las que durante el último año han irrumpido con gran fuerza.

Luego del intenso debate que generó la llegada a nuestro país de estas aplicaciones de origen extranjero, el Ejecutivo ha decidido tomar cartas en el asunto para zanjar la discusión.

Dentro de las novedades que incluye el documento se encuentran el de la incorporación de un pago al Estado por kilómetros recorridos, obligatoriedad de una licencia profesional para los conductores y la eliminación del pago en efectivo.

Pero uno de los puntos que más ha llamado la atención se encuentra en el artículo 18, en el que se establece la creación de un Fondo para la Innovación del Transporte Remunerado de Pasajeros, cuyo objetivo es el de “apoyar ejecuciones de acciones para el mejoramiento del transporte remunerado de pasajeros”.

PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO
PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

La idea es que los recursos provenientes del pago que realicen los operadores de plataformas tecnológicas que no operen con taxis, como Uber y Cabify, sean destinados a implementar mejoras en el sistema de transporte de taxis.

“Renovar vehículos que presten servicios de transporte de taxis por otros que incorporen tecnologías más eficientes y mejoras en seguridad” e “incorporar tecnologías en los taxis que permitan un uso más eficiente del espacio vial y mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad”, son algunos de los programas que se planea ejecutar con estos fondos.

Tal como señalan desde la Subsecretaría de Transporte, el objetivo es mejorar el espacio para el usuario, además de ayudar a la eficiencia del combustible.

“Esta plata se va a utilizar para mejorar el Parque de Taxis básicos. La idea es mejorar el parque vehicular para tener un mejor desarrollo medioambiental, y por otro lado mejorar el servicio para los usuarios, para que sea un automóvil más cómodo, más amplio, etc”, explican.

Objeciones al proyecto

No obstante, desde la Confederación Nacional de Taxis de Chile (Confenatach) se han mostrado bastante molestos frente a este proyecto.

Luis Reyes, presidente de la colectividad, señaló a BioBioChile que “cada día que pasa es más complicado para nosotros, mientras que ellos siguen mejorando la oferta ilegal”.

“Estamos haciendo objeciones a algunos temas en el proyecto de ley, por eso queremos conversar con el ministerio”, agregó.

Respecto al fondo que contempla el proyecto, que busca aportar recursos para mejoras en el sistema de taxis obtenidos del pago de los operadores de estas plataformas tecnológicas, Reyes enfatizó que la medida no compensa las bajas económicas que a su juicio, el gremio ha tenido.

“Hoy día nosotros estamos con una aplicación Hola Taxi, que con nuestros propios recursos las estamos trabajando, sin pedir un peso a nadie, y que vamos a lanzar el 30 de noviembre”, aseveró Reyes.

“Cuando estuvo el señor Errázuriz (Pedro Pablo, ex ministro de Transporte) le facilitaron a una de esas empresas más de 20 millones para que financiaran una aplicación, y que hoy día está dando tantos problemas. Esas son las injusticias con las cuales que nosotros estamos en contra”, lanzó.

Posición de Uber

Luego de conocerse el proyecto, Uber Chile emitió un comunicado en el que señalan: “Recibimos este proyecto de ley como una oportunidad de iniciar una discusión sobre la mejor manera de incorporar los viajes compartidos y la innovación tecnológica en la regulación de transporte del país.

“Aún estamos analizando la propuesta, pero nos preocupan algunos requisitos que limitan la posibilidad de los chilenos a acceder y elegir viajes seguros, confiables y con precios cómodos; la oportunidad para los socios-conductores de acceder a una oportunidad de emprendimiento para mejorar su calidad de vida; y la oportunidad para las ciudades de reducir el número de autos privados en las calles y extender la cobertura del transporte público”, añade el texto.

“Esperamos trabajar estrechamente con el gobierno, el Congreso y la ciudadanía para construir una regulación moderna y garantizar que los chilenos puedan gozar de más y mejores alternativas de movilidad para todos, y no para unos pocos”, precisa.