Los Derechos Humanos, tan cantaleteados por casi todos los gobiernos vestidos de democráticos, esta semana quedaron mostrando sus agujeros, su miseria y sus vergüenzas. El jueves pasado, el jurista James Cavallaro, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitió que ya este año la Comisión tendrá que suspender sus audiencias y además, tendrá que despedir a alrededor de un tercio de todo el personal que trabaja en ella.
O sea, la más importante y esencial institución defensora de los derechos humanos en el continente de las Tres Américas, quedará paralizada. Imposibilitada de actuar. Y eso incluye también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entrevistado por la Deutsche Welle, el presidente de la Comisión Interamericana señaló se encuentra en una crisis financiera extrema, debido a que son demasiados los gobiernos que está pagando sólo en parte, o simplemente no están pagando los aportes comprometidos a la comisión, la cual, siendo parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, funciona en forma por completo independiente.
Junto con el incumplimiento de pago de sus aportes por parte de los gobiernos, también se ha producido una disminución dramática de las donaciones internacionales, como es el caso de la Unión Europea, que redujo su aporte, de 5,3 millones de dólares en 2014, a sólo 3,8 millones en 2015.
En términos reales, el funcionamiento eficiente de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos necesita un presupuesto real del orden de los 30 millones de dólares anuales.
Pero ahora, la Comisión y la Corte han quedado paralizadas. No podrán continuar sus visitas de observación y evaluación sobre derechos humanos en el continente, y, como indicó el Instituto Alemán de Derechos Humanos, se ha cerrado con ello el acceso a la justicia de personas cuyos derechos son vulnerados por las propias autoridades de su país.
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