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Columnista pidió a Bachelet que no hablara esta noche

ARCHIVO | Agencia UNO
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Se ha anunciado una intervención inminente del Gobierno en el problema de las pensiones. Por favor señora, no haga nada. Su primer Gobierno va a ser recordado por las primeras reformas al sistema de AFP, por los avances del pilar solidario y por la aproximación fundacional para abordar la condición de extrema indefensión en que se encontraban las mujeres. No eche a perder su herencia política. Conténgase y revise el procedimiento que le propongo.

Estamos ante una ocasión histórica -abierta por la marcha contra las AFP-, para generar un entendimiento nacional. La marcha organizada por Luis Mesina y sus amigos nos abre efectivamente a una posibilidad inédita de consideración del problema de las pensiones.

Los organizadores de la marcha de las pensiones, deberían estar concentrados en dos cuestiones (disculpando la consejería). Primero, en una propuesta de procedimiento y de orientación y contenido mínimo de la reforma. Luego, en llamar a una segunda marcha. No a cacerolazos intrascendentes ni a movimientos imposibles de traspasos de platas entre los fondos A y E. Una segunda marcha, más masiva que la anterior, poniendo las bases de todo acuerdo posible, sería ineludible por las instituciones. Esas bases de acuerdo no pueden sino apuntar a una duplicación sustentable de las pensiones más bajas, a un fuerte componente solidario en el sistema y a un procedimiento ciudadano de validación del proyecto.

Solo en un contexto de esfuerzos compartidos, se puede pedir un mayor sacrificio a los trabajadores.

La política es ahora, señora y lo mejor que puede hacer el gobierno es no hacer nada. Nada ostentoso. Es posible darse un mes para consultas intensas pero discretas entre los distintos actores y hacer una propuesta que tenga, no una posición única, pero si un consenso sobre las bases a las que apuntar y al procedimiento para dirimir.

Este gobierno no se ha caracterizado por su capacidad de negociación, pero esta es una ocasión especialmente propicia. Después de la marcha, todos los sectores del país se han manifestado de acuerdo en ‘perfeccionar’ o cambiar el sistema. Los empresarios se han manifestados dispuestos a contribuir. Los técnicos han entregado distintas propuestas que incluyen una AFP estatal –otros quisieran una organización civil sin fines de lucro- y una mayor contribución fiscal al sistema. El informe de la Comisión Bravo ha resucitado y con él una buena porción del conocimiento académico acumulado sobre la situación de las pensiones.

De manera que en las dos materias críticas – a) de donde, como y cuánta más plata recaudar para las pensiones y b) con qué procedimiento acordar los cambios -, ha habido acercamiento de culturas y voluntades. Es posible que así como la marcha de los pensionados contribuyó a sensibilizar a la opinión pública y a los actores políticos, la venida de Piñera José haya contribuido también a que los partidarios apreciaran cuan inadecuado e insostenible es el viejo discurso que apaña la actual estructura institucional.

De este modo, podemos explorar bases de coincidencia que:

i) implican objetivos cuantitativos respecto a monto y rangos de mejoramiento de las pensiones, ii) montos y modalidades de contribución de todos los sectores, iii) introducir mecanismos solidarios y de reparto en el sistema, iv) un procedimiento de legitimación concordado.

La mayoría de los sectores de opinión del país coinciden en lo siguiente:

– Es necesario elevar las pensiones más bajas significativamente y ojalá duplicarlas1. Del mismo modo, es necesario equilibrar radicalmente la condición previsional de las mujeres.

– Es necesario un sistema que eleve todas las pensiones en función de una combinación entre capitalización individual y aportes solidarios directos (a través de la cotización) e indirecto, a través del fisco.

– Es necesaria una mayor contribución del Estado y de los empresarios. Esta contribución puede ser pareada, con un 4% de remuneración imponible para cada sector2.

– Es posible introducir un aporte solidario de los trabajadores con rentas mayores; del tipo de la propuesta global b de la Comisión Bravo3.

– Solo en este contexto se puede pedir a los trabajadores un esfuerzo adicional por la vía de aumentar la edad de jubilación.

Los puntos críticos de una plataforma de consenso.

Para empresarios y técnicos, es esencial que se mantenga el Fondo de Pensiones actual. La economía de las grandes empresas -y detrás de ellas las del país- descansa actualmente en los fondos administrados por las AFP. Si ese fondo se elimina, la gran mayoría de las grandes empresas, incluido el sistema bancario, quebraría4. Para ese sector, es importante mantener el principio de la capitalización y de la responsabilidad personal junto con la legitimidad de un lucro medido.

Como las pensiones no son el lugar para resolver las contradicciones ideológicas sino para reforzar una política de dignidad en la vejez, esas exigencias de la derecha pueden ser tomadas en cuenta y respetadas. La condición de esa respetabilidad es la reciprocidad. Qué se reconozcan los problemas vividos por la gente y la prioridad de una política de seguridad social efectiva y participativa.

Existe consenso en que el Estado debe participar más. Eso es un avance notable respecto a la polarización que dice, por un lado, que el Estado no debe intervenir y por otro, que el Estado debe copar todo el espacio del problema. Despejada la hipoteca ideológica, niveles de esta participación pueden ser abordados por consensos convencionales.

Para los trabajadores, los pensionados y los que marcharon, lo esencial es un sistema que genere pensiones mejores y más igualitarias. Dan por descontada la voluntad solidaria de la gente y la obligación estatal de ‘representar’ dicha solidaridad necesaria.

Independientemente de matices y diferencias, lo esencial para ellos es un sistema de pensiones más justas. Todo lo demás, incluidas las AFP o los sacrificios en términos de mayor aporte de los trabajadores, está dentro de lo posible. Es necesario si, hacer notar que esa solidaridad no está descontada y que es necesario conquistarla.

La condición de posibilidad esta dada por la justicia del arreglo. Este es un arreglo que de ninguna manera puede ser impuesto a la gente. Toda imposición, incluso la que no afecte directamente a su contribución, va a ser rechazada y con razón. La razón, es que no hay una propuesta global que sea perfecta y que no esté obligada a transar en algo. Tampoco hay propuestas parciales que se eleven más allá de un maquillaje y una incidencia marginal en el sistema. Esta incomodidad de la situación de la ciudadanía debe ser tomada en cuanta para hacer propuestas serias y jugadas.

Un procedimiento ciudadano.

A una propuesta justa, capaz de combinar las necesidades de cada sector y de coordinar el escenario de los fantasmas respectivos, solo le falta un ingrediente; el procedimiento que comprueba y legitima los acuerdos.

El procedimiento no es solo la sanción de un contenido pre-aprobado que busca mecanismos prácticos; es la realidad práctica del contenido propuesto. En nuestro caso, el procedimiento que rompa con el asistencialismo y el olvido hacia los viejos, es un procedimiento que los incorpora como contenido esencial del proyecto. Los cambios no pueden darse en una variación del autoritarismo sino que deben darse en una forma democrática. No hay otra forma de asegurar el respeto a los intereses y opiniones de la gente.

Este procedimiento no puede tener el trámite institucional normal de un mensaje del ejecutivo y un debate en el parlamento. Lo que los marchantes han puesto sobre la mesa, además de la sensibilidad ante el problema, es la necesidad imperiosa de contar con la participación ciudadana en el proceso.

Hay que hacer notar que la Comisión Bravo hizo un gran trabajo de escuchar a organizaciones sociales y expertos de todo tipo a lo largo del país. Lo que interesa es marcar la diferencia entre un tipo de participación limitado a la escucha y no vinculante y, una participación ciudadana, que se expresa en opinión pública, en decisión a través del voto y en una presencia controladora permanente.

Si se le va a pedir a la gente, como se debe, que acepte alternativas no óptimas, que haga sacrificios y que se involucre y se comprometa en el nuevo sistema, este debe ser sometido a consulta plebiscitaria; incluyendo fórmulas electrónicas de consulta que le den expedición y seguridad a nuestra democracia. No hay otra forma de ganarnos la solidaridad.

Esta es la mejor alternativa para los objetivos indicados y, accesoriamente, para fortalecer el sistema político. Gobierno, partidos y parlamentarios deberían definir las alternativas que se van a presentar a la ciudadanía. Probablemente las misma propuestas de la comisión Bravo, retocadas por los avances culturales y políticos de los nuevos debates. El parlamento podría tener la tuición sobre el debate, además de la tarea de convertir la propuesta aprobada en un mecanismo legal y reglamentario consecuente.

Ahora, es el momento de evitar el pánico (los bonos y la afp estatales) y aprovechar la oportunidad de consagrar los cambios que ya están en las puertas de la sociedad y de la política.

1- Costo de 1700 millones de dólares.
2- Equivale a un 8% de recaudación adicional, con un aporte anual de US 4.800 millones.
3- Hasta 350 mil pesos las imposiciones van a un fondo común de reparto. Sobre esa cantidad se mantiene la capitalización individual.
4- Por eso la amenaza de los marchistas de ‘pasarnos todos al fondo E”.

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