La organización no gubernamental de periodistas y escritores PEN, capítulo de Nicaragua, se pronunció este lunes en defensa del poeta Ernesto Cardenal, condenado a pagar una milloria indemnización por un fallo judicial con matiz político.

Cardenal, de 92 años, fue emplazado por un edicto judicial a indemnizar a una exsocia con el equivalente a 800.000 dólares en una disputa por una propiedad en el archipiélago de Solentiname, en el Lago de Nicaragua.

El organismo, cuya presidenta es la escritora nicaragüense Gioconda Belli, advierte una intencionalidad política en la “sorpresiva” reactivación de un caso que fue finiquitado en el 2010 con un fallo que exoneraba a Cardenal y establecía el cese de toda persecución en su contra.

Creemos que sus posiciones valientes, directas y críticas a la situación de Nicaragua bajo el gobierno, desde 2007, de Daniel Ortega, son las que le han causado perjuicios y persecución” al poeta y sacerdote Cardenal, expuso el PEN.

El PEN señala que “a sus 92 años, un hombre que vive humildemente sin haber acumulado riquezas, no tiene ni los medios, ni el tiempo para enfrentar semejante demanda. De allí que no quede más que suponer que la reactivación del mismo, si no obedece a un craso error legalista, debe achacarse a la persecución del gobierno del presidente Ortega“.

La ONG exhortó a las autoridades a “cesar el hostigamiento” contra Cardenal, a que se declare sin lugar esa sentencia de un juzgado civil y se “respete el uso que él, como intelectual ha hecho de su libertad de expresión para opinar y disentir con el actual gobierno de Nicaragua“.

El autor de “El evangelio de Solentiname” (1975) y “La Revolución perdida” (2004), fue ministro de Cultura durante la revolución sandinista de 1979, lo que le valió una sanción del Vaticano, aún vigente.

El poeta y sacerdote “ha sido una persona recta e íntegra, dedicada a su arte y opuesto a la manipulación y tergiversación de una Revolución por la que él dio lo mejor de sí“, recordó el PEN.

Cardenal es uno de los exponentes de la teología de la Liberación y, tras la derrota sandinista de 1990, renunció a su militancia en el Frente Sandinista. Más tarde se convirtió en un duro crítico del gobierno de Ortega desde su retorno al poder en 2007.