Luego de conocida la situación descubierta por Radio El Carbón de Lota, equipo que verificó en terreno el pago de 5 mil pesos a personas de la tercera edad para que firmaran como militantes del partido Amplitud, las reacciones no tardaron en llegar.

Aseguran que las personas fueron “acarreadas” hasta un stand en la Plaza de Armas, justo frente a una notaría de la comuna. Escenario que también se pudo ver en Concepción, en las calles O’Higgins con Colo Colo, donde a diario se ubicaba un puesto de Amplitud, y también frente a una notaria, stand que este viernes… no estaba.

Recordemos que este jueves, una larga fila de personas esperaban para transformarse en militantes del partido que tiene como una de sus máximas figuras a la senadora Lily Pérez, y que -según los dirigentes comunales del partido- recibirían a cambio un “aporte” para el transporte y alimentación. Cabe señalar que una vez descubierta la situación por Radio El Carbón, muchos “aspirantes a Amplitud”, al ser informados que no se les pagarían los 5 mil pesos, simplemente se retiraron.

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Lily Pérez rechazó referirse a este tema. Quien sí abordó la situación fue el dirigente nacional Eduardo Figueroa, quien dijo estar indignado, asegurando que todo es mentira.

“Es de una falsedad absoluta lo que se ha señalado. Ampltud no ha cancelado ni va a cancelar ningún monto ni ningún precio respecto de poder firmar”, dijo Figueroa.

Sin embargo, inmediatamente después afirmó: “desconozco si hubo una ayuda monetaria respecto de algunos pasajes de personas que asistieron. Si es así, a mi en lo personal no me parece mal y no es con ánimo doloso ni nada por el estilo”.

Por su parte, quien sí reconoció que se “ayudó” con dinero a las personas de zonas rurales para llegar hasta Lota e inscribirse, fue el coordinador regional del Partido Joel Oyarzo, quien aseguró que se sólo se colaboró, pero que no se “pagó por firmas”.

Servel

En un año de elecciones, ¿será legal “ayudar con dinero” a futuros militantes para firmar por un partido?

Radio Bío Bío consultó en Concepción al Servicio Electoral sobre esta ayuda o pago. La directora regional (s) Pamela Manríquez indicó que “como no está señalado directamente en la ley, no constituye un delito político”.

“Va en contra de todo lo que significa la constitución de un partido y de la democracia, pero legalmente se podría hacer, porque no se señala como una sanción o delito”, agregó.

La discusión está abierta, tomando en cuenta el momento que enfrenta la escena política chilena en estos momentos.