El director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Juan Carlos Muñoz junto al ingeniero y economista Lorenzo Cerda plantearon una ambiciosa propuesta para disminuir los altos índices de evasión del transporte público.
Los expertos apuntan a que el “transporte público se podría financiar a través de una carga en las liquidaciones de sueldo de los trabajadores empleados en Santiago. El costo de Transantiago (buses y Metro) es aproximadamente US$ 1.480 millones (un millón de millones de pesos) anuales”.
“Si consideramos que aproximadamente dos millones de personas trabajan en Santiago con un contrato formal, se necesita sólo un aporte de US$ 60 mensuales por cada uno. Si el Estado siguiese aportando un 45 por ciento de dicho costo y el restante 55 por ciento se dividiera entre empleado y empleador, entonces cada parte aportaría $11.000 al mes”, aseguran.
A lo anterior agregan que el 10 por ciento de los trabajadores independientes “podrían hacer su aporte al momento de hacer sus retenciones. Esto permitiría reducir en un 5 por ciento el aporte de cada trabajador santiaguino al sistema”.
“El 75 por ciento del costo restante del sistema se dividiría nuevamente entre empleado y empleador, pagando cada uno $15.000 mensuales. Es importante destacar que este financiamiento permitiría que todos los habitantes de Santiago se pudieran desplazar por la ciudad en forma gratuita en transporte público. Es decir, si en el grupo familiar del empleado hay al menos una persona que pague al menos una vez el transporte público en cada día laboral, entonces este grupo familiar se verá beneficiado“.
