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Exhuman en México 116 cadáveres enterrados por autoridades en gran fosa común

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Bajo la atenta mirada y las esperanzas agridulces de familiares de desaparecidos, autoridades mexicanas y peritos independientes iniciaron este lunes la exhumación de 116 cadáveres enterrados por autoridades de Morelos en una fosa común, de los cuales casi 30 no tenían registro.

El descubrimiento de la fosa, cavada por la fiscalía del estado de Morelos en marzo de 2014 en un panteón del poblado de Tetelcingo, cerca de Ciudad de México, desató la indignación de organizaciones de familiares de desaparecidos e hizo que la fiscalía abriera una investigación sobre el caso y accediera a exhumar los cuerpos.

Llegados incluso desde estados vecinos como, los familiares se apostaron alrededor de los cordones de seguridad a más de 10 metros de la fosa y, a lo largo del día, pasaron de la satisfacción de ver que sus reclamos tuvieron su efecto a la frustración por no ver rescatado ni un sólo cadáver.

El inicio de la operación se retrasó más de seis horas y fue sumamente accidentado, lleno de desencuentros entre activistas y la fiscalía por la falta de visibilidad de la fosa (conformada por dos hoyos de unos 10 metros de profundidad) y el uso de una enorme excavadora que los familiares temían que lastimara los cadáveres.

“Esto es volver a empezar otra vez. La esperanza era ver que sacaran algunos (cuerpos) para empezar a hacer el estudio” genético, lamentó Antonio Sandoval, que quiere saber si ahí están los restos de su hermano Alfredo, desaparecido en Morelos en 2013.

La exhumación en este panteón rural del municipio de Cuautla, que podría durar una semana, la inició, pico en mano, el fiscal de Morelos, Javier Pérez, que aseguró que los cadáveres fueron enterrados en esta fosa “por cuestiones de salud pública”.

En noviembre, el fiscal dijo que los cuerpos se habían ido acumulando en las limitadas instalaciones de la fiscalía.

Aunque la dependencia tiene facultad para depositar los cadáveres en fosas comunes, debe contar con procesos legales, periciales, sanitarios y administrativos, y aún se investiga si se siguieron en este caso.

El crucial caso de Oliver

Estas son las irregularidades que denuncia María Concepción Hernández, madre de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, secuestrado el 23 de mayo de 2013 en Cuautla, y que este lunes participó en la exhumación.

Gracias a la batalla de esta mujer menuda y de aspecto frágil -rostro de los más de 28.000 desaparecidos en México desde que el gobierno lanzó la llamada guerra contra el narco en 2006- se descubrió esta gran fosa en el panteón Las Cruces.

María Concepción logró que un funcionario de la fiscalía de Morelos le contara que el cuerpo de su hijo secuestrado y asesinado fue enviado a esa fosa con firmas aparentemente “falsificadas”.

El cuerpo de Navarrete fue exhumado en diciembre de 2014. Su familia filmó el proceso y el video muestra como el cadáver se encontraba debajo de decenas de otros cuerpos, colocados unos sobre otros, “violando protocolos internacionales que indican que en las fosas comunes los cadáveres deben estar separados unos de otros para su eventual reclamo”, comentó a la AFP Roberto Villanueva, director del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma Estatal de Morelos (UAEM), que participa oficialmente en la exhumación.

Hernández aseguró que en la fosa había 150 cadáveres envueltos en plástico, pero la fiscalía de Morelos sostiene que hoy quedan en total en esa fosa 116 cadáveres.

La fiscalía tiene el registro genético de 88 cuerpos, mientras que los otros 28 fueron inhumados sin ninguna identificación.

Esta es una “manera de actuar que no esperábamos ni de la fiscalía ni de ninguna autoridad (…). Tal parecería que el crimen organizado los asesina y ellos simplemente se encargan de levantárlos y de tirarlos” en tumbas colectivas, sentenció Alejandro Vera, rector de la UAEM.

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