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Derecho a Educación, acceso universal y gratuidad de la Educación Superior

Maribel Fornerod | Agencia UNO
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El movimiento estudiantil del año 2006, y con mayor profundidad el de 2011, instalaron con fuerza en la agenda pública nacional los temas “ocultos/intocables” que la transición política había confinado al olvido. Así, y acogidos en la validación del pensamiento neoliberal como la única forma de pensar que nos legó la dictadura cívico-militar, con un poder omnipresente en la narrativa del pacto social que por un cuarto de siglo nos ha regido, se ha de creer que lo político es algo impropio y que el pensamiento neoliberal es el único legítimo por su carácter neutro y exclusivamente técnico.

Hasta entonces, y sólo con algunos cuestionamientos menores, la educación en su apronte inicial en la transición democrática deambuló entre políticas compensatorias de las grandes desigualdades sociales, matizadas con algunos intentos de cambiar la LOCE, pero siempre operando bajo un modelo de mercado que domina la escena educativa y que terminó por controlar todo intento de cambio, fragmentando de manera exitosa el sistema educacional por las políticas privatizadoras, que de manera abierta y sin tapujo, despojaron en forma creciente a la educación pública de atribuciones y capacidades relevantes para garantizar el derecho a una educación de calidad para toda la población.

Este quebrantamiento se generó inicialmente en la educación superior, bajando raudamente al sistema escolar con cierta pasividad de los gobiernos concertacionistas, al no diseñar políticas propias para la educación superior pública o estatal, pues desde el precario paradigma neoliberal ello estaba prohibido.

Si estamos de acuerdo que la educación es uno de los instrumentos más potentes de desarrollo de las personas y del país, y en forma paralela, una de las claves para alcanzar una equidad razonable para su población, es sumamente cuestionable que no sea un derecho de los ciudadanos el debido acceso a este mecanismo de justicia social y de desarrollo económico tan eficiente. Más aún para aquellas personas que de no poder acceder a este mecanismo, difícilmente alcanzarán por su propia cuenta condiciones de vida justas y dignas.

En razón de ello, no se entiende que se defina la educación como un bien de consumo, y que a la sociedad, por medio del Estado, se responsabilice solamente de financiar un estándar mínimo, y que toda ambición por una calidad superior debe ser pagada directamente por las personas.

Esto se podría comprender si aquellas personas no requieren de esta condición para lograr una calidad de vida adecuada. No obstante, resulta injustificable negar la oportunidad de acceso a una mejor educación -de no tener los recursos económicos- a quienes más necesitan de ella, bajo el racional de que los beneficios de la educación son principalmente de apropiación de la persona (privada) y no reditúan de manera importante a la sociedad.

La privatización “encubierta” de la educación ha sustentado esta feble argumentación, que es la que nos tiene bajo un pacto social que se torna cada vez más insostenible y que, en sus méritos privatizadores, sigue imperando el derecho de propiedad por sobre el derecho a educación de calidad.

Garantizar constitucionalmente el derecho a una educación de calidad, significa que la sociedad se responsabiliza de la provisión de las oportunidades educativas, en el máximo de calidad para sus eventuales ciudadanos, a mérito solamente de ser tales, y accedan a este “derecho”.

Si la educación es un derecho social, y si estos derechos existen o no, son temas relevantes pero no desacreditan el que la sociedad determine provisionar este beneficio a sus eventuales ciudadanos, atendidas las consideraciones expuestas. Como igualmente pueda determinar no distribuirla bajo criterios de mercado, sino provisionarla a partir de criterios diferentes.

Decisiones netamente soberanas de los ciudadanos, pese a que el neoliberalismo nos “conculcó este derecho”, otorgándole poder a un Tribunal Constitucional que reemplaza el derecho soberano que nos asiste como ciudadanos a regir nuestro propio destino en el ámbito público, y con mayor razón en el privado. Prueba elocuente que el neoliberalismo no tiene nada de neutro.

La Educación Superior no ha sido definida por nuestra carta fundamental ni en la Ley General de Educación como un derecho social, sino que está mediatizada por criterios selectivos sustentados en la meritocracia académica.

Los estudios de valor agregado así lo demuestran, y los resultados en todas las series históricas de las pruebas SIMCE, PAA y luego PSU, confirman que el origen socioeconómico explica entre cuatro y seis veces más que el aporte del establecimiento escolar. Esto es, las oportunidades en Chile están significativamente más definidas por la “cuna de origen familiar y social” que por las correcciones que introduce el establecimiento educativo.

Qué duda puede caber que el país por razones económicas no provee este derecho como de acceso universal, medida que no deja de ser razonable, al menos provisionalmente en un escenario de restricciones financieras. Entonces, alternativamente la gratuidad surge como principio eficaz para garantizar el no pago de la enseñanza superior a aquellos que cumplan al menos con los puntajes mínimos de admisión – ciertamente con una base aún meritocrática- .

La gratuidad de la Educación Superior en el punto de servicio, como se la define técnicamente, representa la concreción de un derecho largamente esperado por muchos. Más allá de las serias y a veces ideologizados debates sobre la pertinencia de esta medida y sobre los tecnicismos -relevantes, pero no fundamentales desde el derecho en debate- la gratuidad, como política social masiva, se inscribe en el centro del proceso corrector de los desequilibrios de un mercado ortodoxamente neoliberalizado, en donde si bien se pueden discutir muchas cosas en referencia a esta situación – al menos por un buen tiempo- la gratuidad abrirá las puertas del cambio de paradigma en la Educación Superior, y podremos entonces, con mayor tranquilidad y horizonte, analizar aquellos temas hoy “convenientemente indefinidos”.

Así ¿Cuál es el sentido de la Universidad Estatal y cómo desarrollar un sistema masivo de educación superior pública que garantice el derecho a una educación de calidad?

Sebastián Donoso Díaz
Investigador Asociado del Observatorio de Educación Superior Cuech. Además es académico del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de Universidad de Talca e integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Educación (Chile) para el Fortalecimiento de la Educación Pública.

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