Países como Cuba, Venezuela o Bolivia coinciden en hablar de “golpe de Estado”. Mientras que otros gobiernos se expresan con cautela frente al “proceso institucional” abierto en Brasil.
El primero en salir a mostrar que “respeta el proceso institucional” en Brasil fue el gobierno de Argentina, después de que Dilma Rousseff fuera suspendida de su presidencia.
“El Gobierno argentino continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional”, sostuvo la Cancillería. Al mismo tiempo, la oposición organizó manifestaciones de “repudio” al juicio político contra Rousseff.
“En lo económico, lo vemos con mucha preocupación por el impacto sobre nuestra industria, nuestros productos, nuestro comercio”, dijo el jefe del gabinete de ministros de Argentina, Marcos Peña, en declaraciones a la televisión estatal.
El último en pronunciarse ha sido el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a través de su portavoz, Stephane Dujarric: “El secretario general llama a la calma y al diálogo entre todos los sectores de la sociedad”.
“Él confía en que las autoridades del país honrarán los procesos democráticos de Brasil, adhiriendo al imperio de la ley y la Constitución”, añadió.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó “golpe congresal y judicial” a lo sucedido en Brasil.
El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) declaró desde Estados Unidos a EFE: “Esto marca claramente el principio del fin del proyecto del Socialismo de siglo XXI, que era el proyecto de una pandilla de socios listos que se apoyaban políticamente con la chequera venezolana, con el PT en Brasil y con los Kirchner en Argentina”.
Hermana Presidenta @dilmabr sentimos la misma indignación que usted y su pueblo frente al golpe congresal y judicial.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de mayo de 2016
El gobierno de Cuba definió lo sucedido también como un “golpe de Estado parlamentario-judicial, disfrazado de legalidad, que se gesta desde hace meses en Brasil”.
“Hoy se consumó un paso fundamental para los objetivos golpistas”, agregaba el comunicado oficial.
En la misma línea se expresó el gobierno de Venezuela: “La presidenta legítima, Dilma Rousseff, primera mujer electa como jefa de Estado en Brasil, enfrenta una arremetida motivada por la venganza de aquellos factores que perdieron las elecciones y que son incapaces de llegar al poder político por otra vía que la fuerza”, dijo la cancillería en un comunicado.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, expresó simplemente la preocupación de su gobierno por la inestable situación que vive Brasil, “un socio capital para España en términos políticos y en términos económicos”.
En una conferencia desde Quito, donde se encuentra en visita oficial, destacó la “posición de liderazgo” de Brasil para un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Aunque aseguró que su gobierno considera el juicio político a Roussef como un “tema brasileño” que deberán resolver “los propios brasileños”.
El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, destacó que “la judicialización de la política también conlleva la politización de la justicia en una suerte de espiral absolutamente nefasta tanto para la democracia cuanto para el estado de derecho”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, puso el acento, desde la Cumbre Mundial de Lucha contra la Corrupción que se celebra en Londres, en que lo importante “es que la estabilidad se mantenga”. Y añadió: “Nos duele mucho lo que está sucediendo”.
Chile expresó también “preocupación” por el escenario incierto. El canciller Heraldo Muñoz, quien acompaña a la presidenta Michelle Bachelet en un viaje a Europa, destacó las “excelentes relaciones” con la “amiga” Rousseff y su “decidido respaldo al Estado de Derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas en Brasil”.
En la misma línea se expresó el gobierno de Paraguay, que reiteró a través de un comunicado las expresiones de respeto, vertidas inicialmente por el canciller Eladio Loizaga, al “proceso institucional” en Brasil. Y se mostró confiado “en la plena vigencia del Estado de derecho y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas” de ese país.
Para el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, lo sucedido abre “preocupantes interrogantes” y pone en evidencia la existencia de “poderes fácticos” que comprometen la gobernabilidad democrática.
“Para nadie es un misterio el peso que tiene Brasil en el región y estas circunstancias de inestabilidad que se han venido viviendo y se podría profundizar con la decisión adoptada el día de ayer podrían trasladarse de manera peligrosa a la región”, dijo a la prensa en la sede de Unasur en Quito.
