El Gobierno dispuso a un buffet de abogados para que evaluara minuciosamente desde este lunes, el veredicto del Tribunal Constitucional que impugnó las nomas sobre Titularidad sindical y Extensión de beneficios vía afiliación.
Luego de que el Ejecutivo estimara que la nueva situación tras el veredicto del TC retrasó el proceso del veto presidencial. Esto quiere decir que, si en una primera instancia se esperaba despachar el proyecto esta semana bajo las urgencias necesarias, con el nuevo fallo la posibilidad de acelerar la tramitación se iría difuminando, según consignó El Mercurio.
El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, explicó que el escenario sería tal, ya que el Gobierno no desea concretar la tramitación sin tener total claridad de los posibles alcances que pueda presentar la ley corta, la que apunta a mejorar las normas que resultaron en desequilibrio tras el fallo del TC. Por lo cual, el Ejecutivo analiza la posibilidad de que implementación de la reforma laboral pueda aplazarse hasta al menos, el próximo año.
Información que aseveró el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, quien ante la posibilidad de aplazamiento, declaró que “tendremos que tomar una decisión respecto al veto y la ley corta en función de los tiempos que se requiera, se verá ese planteamiento. No me abro ni me cierro, simplemente es algo que está bajo estudio”, sostuvo Eyzaguirre.
El ministro de Hacienda en tanto, Rodrigo Valdés, manifestó la opción de reponer los pactos de adaptabilidad sólo para los sindicatos, aunque sean materia del veto presidencial.
Desde la oposición advirtieron al respecto que la solución sería inconstitucional, debido a que el TC determinó que no se puede hacer diferenciación entre sindicatos y grupos negociadores. En el mismo marco, se analiza la limitación de los grupos, ante lo cual el Tribunal falló que ambos tienen derecho a desarrollar negociaciones colectivas.
