Dos personas desalojadas del sector “La Pera” de Aurora de Chile, en Concepción, acudieron a la justicia para intentar revertir la medida ordenada por la Gobernación, denunciando que la actuación de la autoridad -con ayuda de Carabineros- vulneró la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Fueron 24 familias las que enfrentaron el desalojo de sus viviendas por no haber sido catastradas en el marco del Plan Integral para Aurora de Chile.
Entre ellas estaban Bernardo Parra y Jennifer Briones, quienes recurrieron de protección, al calificar como ilegal y arbitraria la medida concretada por la Gobernación de Concepción, por solicitud del Serviu.
Su abogado, Adolfo Ortega, explicó que la acción legal se basa en una violación de acuerdos internacionales, puntualmente la que prohíbe el desplazamiento forzado de personas.
Y efectivamente hay familias que fueron demandadas en un juicio precario, pero esa figura aplicaba sólo para quienes no aceptaron alternativas de salida del sector La Pera, a diferencia de los casos judicializados, explicó la abogada de la Gobernación, Pamela Quijada.
La ley, agregó la profesional de la Gobernación penquista, permite decretar administrativamente el desalojo, por lo tanto descartó que se pudiera haber violación la Convención Internacional invocada por su colega.
