Una investigación por la apropiación indebida de 200 millones de pesos abrió la Fiscalía de Concepción, a raíz de la querella presentada por la YMCA en contra del exsecretario general de la corporación, Eduardo Larraín Otárola, a quien se atribuye la responsabilidad por la situación financiera que derivó en que la justicia decretara la liquidación forzosa o quiebra de la institución.

Según se denunció en la acción legal, Larraín habría solicitado entre 2007 y 2015 adelantos de remuneración mensual por 450 mil pesos, dineros que nunca fueron devueltos a las arcas de la YMCA, y a su vez permitiendo que otro funcionario, René Reyes Echeverría -utilizando el mismo modus operandi- obtuviera durante tres años casi 9 millones de pesos.

Además, la YMCA pidió investigar un tercer caso de distracción de bienes, donde a un socio se le entregó el uso de un estacionamiento a cambio de un préstamo de 9 millones de pesos que éste hizo a la corporación penquista.

Por último, la querella denuncia a Eduardo Larraín por haber suscrito pagarés por 2 mil millones de pesos con el Scotiabank, sin tener la facultad y excediendo las funciones estatutarias.

Justamente es esta deuda la que llevó a la entidad bancaria a solicitar al Tercer Juzgado Civil de Concepción la liquidación forzoza, proceso que la YMCA buscará revertir en la Corte de Apelaciones.