Trabajaron por más de seis años para lograr acreditarse en calidad, sin embargo, los pacientes y los más de 200 funcionarios del Hospital San Javier, en la región del Maule, continuarán esperando. Esto tras un error administrativo que no les permitió contar con el documento, situación que consignó el portal El Centro.

Según explicó la directora del recinto hospitalario, Gisela Krause, se sometieron de forma voluntaria a la evaluación, pero resulta que a pesar de entregar todos los antecedentes que solicitó el proceso, la empresa externa a cargo de la evaluación, Gesalud Limitada, no tomó en cuenta uno de los documentos, y solo bastó eso para que se les negara el reconocimiento.

“Durante la evaluación no hubo problemas con nuestros documentos, porque ellos tienen mandatado por la Superintendencia, que si tienen alguna duda que ponga en peligro la evaluación, debe haber una reunión y se debe aclarar el proceso. Entregamos los documentos y no hubo retroalimentación de la empresa”, explicó la directora.

Sin embargo, Krause agregó que fue después de cinco meses y cuando ya tenían el resultado negativo en mano, que se dieron cuenta que cumplieron en todos los procesos, menos en uno, donde el hospital entregó dos documentos de Antigüedad y Gestión Clínica. El primero era por cuatro meses y el segundo por seis que es el requisito, pero Gesalud Limitada sólo tomó en cuenta el primero.

Un error que les costó 3.000.000 de pesos a las arcas del centro de salud. Sin embargo, la directora aseguró que se pondrán a trabajar nuevamente en el proceso e invertirán nuevamente la suma.

Desde la Superintendencia de Salud, Alejandro Pino explicó que “la acreditación no es obligatoria, por ahora, para los hospitales de baja complejidad. Pero que sí lo será a partir del 01 de enero de 2019″. La autoridad recalcó que “la característica incumplida en este caso, no es compleja, por eso nos llama la atención que no se acreditara”.

La esquiva resolución de la Superintendencia de Salud que daría el visto bueno a la acreditación del recinto como Prestador de Atención Cerrada, constituye una política pública que busca garantizar a los usuarios, el cumplimiento de estándares de calidad, que se traducen en mayores y mejores niveles de seguridad en la atención sanitaria.