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Suprema ordena diligencias para reconsiderar libertad condicional de 3 reos de Punta Peuco

Roger Federer
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La Corte Suprema cuestionó los informes elaborados por Gendarmería de reos del penal Punta Peuco que solicitaron acceder a la libertad condicional, beneficio que rechazó la Comisión de Libertad Condicional a fines de 2015.

La Tercera Sala del máximo tribunal acogió recursos de protección presentados por ex miembros de las Fuerzas Armadas, quienes acusan evaluaciones “irregulares” de la institución.

De esta manera, Alex Ambler Hinojosa, capitán (r) sentenciado a 7 años de presidio por el homicidio de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo; Claudio Salazar Fuentes, ex carabinero condenado a presidio perpetuo por el homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (Caso “Degollados”); y Conrado Sesnic Guerricabeitia, ex funcionario de la Armada sentenciado a 5 años por el secuestro calificado del militante del MIR, Rudy Cárcamo, podrían contar con el beneficio carcelario.

Según argumentaron los magistrados en sus resoluciones, los informes de Gendarmería carecen de prolijidad, pues al analizarlos, se hallaron conclusiones repetidas en la totalidad de los internos del penal que solicitaron optar a la libertad condicional.

“Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que la información remitida a la Comisión de Libertad Condicional por parte del Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, en lo tocante a la evaluación sicológica y social del interno (Conrado Sesnic) es insuficiente”, sostiene la resolución.

“Toda vez que se trata de un informe elaborado por personal dependiente de Gendarmería, cuyas conclusiones se repiten reiteradamente y sin mayores modificaciones en cada uno de los casos de quienes se encuentran recluidos en dicho centro penitenciario, lo que permite concluir que en su elaboración no se actuó con la prolijidad y profundidad que tal labor requiere”, agrega.

Por lo anterior, los ministros decidieron dejar sin efecto el rechazo a la solicitud de los internos, ordenando al Servicio Médico Legal efectuar análisis sicológicos y sociales; y al municipio de Colina desarrollar un estudio social de los reos. La decisión de los jueces retiró el poder a Gendarmería de realizar los informes de conducta.

Con las diligencias recibidas, las comisiones revisarán nuevamente las solicitudes de los condenados por violaciones a los derechos humanos, según consigna el diario La Tercera.

Familiares de ejecutados políticos reaccionaron contra el fallo del máximo tribunal, asegurando que “es grave cuando hay fallos judiciales que abren una puerta para que asesinos salgan en libertad. Esto permite que todos quienes están en Punta Peuco hagan una fila para apelar y pedir salir”.

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