Periódicamente los habitantes de Chile y Bolivia deben lidiar con el intercambio no muy amistoso de declaraciones entre sus representantes políticos. Los asuntos fronterizos, la situación de mediterraniedad del país altiplánico y la escalada jurídica internacional se han transformado en elementos que condimentan las cada vez más frecuentes polémicas entre ambas naciones.

La última de estas controversias apunta a la base militar chilena instalada a menos de 15 kilómetros de la frontera con Bolivia, denunciada por el presidente Evo Morales el pasado domingo.

“No puedo entender por qué esta base militar que, primero, es ilegal si tomamos en cuenta los convenios internacionales. Sólo se puede instalar bases militares a 50 kilómetros de las fronteras entre países”, señaló el mandatario.

Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores había descartado la acusación “totalmente infundada” y aseguró que solo se había intensificado el patrullaje militar por constantes hechos delictuales, sí es un hecho la existencia de la “Base Militar Patrulla Cariquima“, a dos horas de Pozo Almonte.

De todos modos, la respuesta chilena acusó que “la única instalación militar en la zona del Río Silala se encuentra en el lado boliviano, apenas a 1,5 kms en línea recta de la frontera con Chile”.

Un puesto para “sentar soberanía”

El puesto al que alude la Cancillería fue inaugurado en diciembre de 2006, producto de la alianza militar entre Morales y el expresidente venezolano Hugo Chávez.

El acuerdo estableció la construcción de 24 instalaciones militares en la frontera de Bolivia con Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina.

El Puesto Militar Adelantado Silala, [revísalo en Google Maps] según señaló en su momento la Agencia Boliviana de Información, se emplaza entre los hitos 73 y 74 y con capacidad para que se instalen en el lugar un comandante de puesto, un sargento y 20 efectivos.

En el acto de inauguración del puesto militar aledaño al Silala, Evo Morales reconoció que se buscaba “sentar soberanía en el terrotorio nacional” y descartó que el acto fuera una “provocación a ningún país”.