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Gobierno defiende las 78 querellas por ataques incendiarios y robo de madera en el Bío Bío

Dani Pozo | AFP
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El Gobierno Regional del Bío Bío descartó que las acciones legales, por delitos en las zonas de conflicto territorial, tengan un objetivo comunicacional, asegurando que los abogados han participado activamente en las 78 querellas presentadas desde marzo de 2014.

Desde la oposición, distintos personeros, como el presidente regional de la UDI, Sergio Bobadilla, y el alcalde de Coronel, Leonidas Romero, han reiterado en el último tiempo que las acciones legales de la Intendencia o la Gobernación de Arauco son más show que un verdadero interés de atacar el problema.

Desde que las actuales autoridades llegaron al Gobierno Regional han sido presentadas 78 querellas, incluidas las que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, por los últimos ataques contra maquinaria e instalaciones forestales, y el incendio del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria de la Universidad Católica de Concepción en Cañete.

En respuesta a los cuestionamientos el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, se refirió a los resultados obtenidos en conjunto con la Fiscalía, defendiendo la actuación ante los tribunales.

“Tenemos 80 formalizados en esas causas, 11 condenados y 5 personas en prisión preventiva. La forma que tiene el Gobierno (…) de poder actuar frente a la delincuencia, dice relación con poder ejercer la coordinación policial, pero también presentar querellas que permitan acompañar al Ministerio Público”, explicó Inostroza.

Y es que, agregó el vocero del Ejecutivo, además de hacerse parte en las investigaciones, los abogados del Gobierno solicitan diligencias, aportan pruebas y acuden a las distintas audiencias en los Juzgados de Garantía y Tribunales Orales, lo que confirmó desde la Fiscalía Regional del Bío Bío, Mauricio Lártiga, señalando que la actuación se enmarca en lo que contempla la ley.

Entre las causas más publicitadas y que han contado con la intervención de la Intendencia y la Gobernación están las de hurto de madera y el ataque al parcelero Domingo Flores, esperando ahora el inicio del juicio por el atentado incendiario al Fundo San Guillermo, ocurrido en julio del año pasado, y donde hay 3 acusados, con dos de ellos arriesgando penas de a lo menos 5 años.

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