Un recurso administrativo ante la Contraloría General presentó la empresa Claro Vicuña Valenzuela, en contra del cobro de los 1140 millones de pesos cursado por la Municipalidad de Concepción, a raíz de la diferencia entre el precio de las butacas instaladas en el estadio Ester Roa Rebolledo y las que supuestamente habían sido contratadas.

La decisión fue tomada, según explicó el abogado de la empresa Remberto Valdés, tras desistirse del recurso de protección ante los tribunales y con el objetivo de que el órgano contralor conozca antecedentes -que espera Claro Vicuña- lo lleven a revocar la orden de pago.

Hasta ahora, insistió el profesional, su representada no ha sido escuchada y fue sólo con la documentación aportada por los concejales denunciantes -Joaquín Eguiluz y Alejandra Smith-, así como la requerida a las reparticiones públicas involucradas en la remodelación del estadio, que se determinó el cambio en el contrato suscrito con la Municipalidad de Concepción.

Consultado sobre si se espera paralizar el cobro, que según el municipio debería concretarse antes del 27 de abril, el abogado de Claro Vicuña deslizó que podría haber un pronunciamiento a la brevedad.

La empresa enfrenta el posible cobro de una de las boletas de garantía entregadas a la municipalidad penquista, por 1980 millones de pesos, lo que se espera evitar con las acciones iniciadas y que primero incluyó el recurso ante la Corte de Apelaciones.