La Fiscalía de Magallanes solicitó una condena de 10 años de cárcel para el exintendente, Arturo Storarek, por el delito de corrupión.

Dentro de las acusaciones se incluyen malversación de caudales públicos, fraude al fisco, desacato, cohecho, negociación incompatible, estafa y soborno.

Delitos que presentó el fiscal a cargo de la investigación, Eugenio Campos Lucero, también contra los otros seis procesados en el marco del Caso Rayén.

Se trata de Luis Sáez Martínez, Javier Gómez Letelier, Javier Gajardo Castro, Patricia Leiva Narváez, Hugo Reyes Tureuna y Pablo Sáez Martínez.

Solicitud de Fiscalía

Para Storaker el fiscal solicitó 10 años y un día de presidio, por malversación de caudales públicos, más 12UTM y la inhabilitación perpetua para desarrollar cargos públicos. Además, en cuanto al delito de desacato, la condena que pidió el organismo es de 541 días de reclusión, y lo mismo se repite por el delito cohecho pasivo.

En el caso de Luis Sáez, solicitaron una pena de cinco años y un día por fraude al fisco, más el 20% de los perjuicios como multa. También se sumó para Sáez, la petición de inhabilitación absoluta para cargos públicos.

Por su grado de control y manejo de información, la Fiscalía le atribuyó cohecho pasivo agravado, solicitando una pena de 541 días de reclusión. Además de cinco años y un día por negociación incompatible.

Para Gómez Letelier, el organismo propuso una pena de 541 días y una multa por el doble del provecho aceptado. Además de cinco años y un día por fraude al fisco.

En cuanto a Gajardo Castro, se solicitó cinco años de cárcel por estafa, sumado a una multa de 30UTM por soborno, y cinco años y un día por Código Tributario.

Para la propietaroa de la empresa, Leiva Narváez, la Fiscalía la acusa como autora de la estafa, por lo que piden cinco años de presidio, y por soborno 541 días, más una multa también por el doble del provecho ofrecido.

En el mismo marco, el organismo solicitó para Sáez Martínez, 818 días por estafa, más 10 UTM de multa. Además de 540 días de presidio por negociación incompatible.

Finalmente, para Hugo Reyes Tureuna, se pidió una condena de 818 días de presidio, por ser reconocido como encubridor de fraude al fisco, más el 10% de los defraudado como multa.

Antecedentes

En marzo de 2012 se constituyó un organismo denominado Comité de Operaciones de Emergencia, por el desborde del río de las Minas. Iniciativa encabezada por el intendente entonces, Arturo Storaker Molina.

La investigación asevera que Luis Saéz, abalado por el exintendente, ordenó a Javier Gómez las labores de limpieza tras el desborde.

Ambos incorporaron a la empresa Rayen Spa a los trabajos, donde Javier Gajardo Castro, representante legal de la firma, y Hugo Reyes Tureuna, supervisor de los trabajos, eran conocidos de Saéz y Gómez, con quienes compartieron trabajos anteriores.

Hecho se concretó el 15 de marzo, cuando se sostuvo una reunión en un hotel de la capital de Magallanes, donde se definió que -pese a no contar con los requisitos para las faenas- sería la empresa de Patricia Leiva Narváez, Rayén Spa, la que estaría a cargo de la limpieza.

La investigación también asegura que al momento de ser contratada, la empresa tenía déficit de capital, es más, tenía una pérdida de arrastre.

Sumado además a que no estaba inscrita en ningún registro público, la empresa tenía giro autorizado para realizar servicios automotrices, arriendo de vehículos, compraventa, contratista de obras menores. Y Durante 2011-2012, sus facturaciones fueron principalmente por ventas de shampoo para perros, neumáticos, aceite, cloro y lavalozas.