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Intendente de Valparaíso reconoce deuda con camioneros: se pagará al aclarar situaciones

Pablo Ovalle | Agencia UNO
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El intendente Gabriel Aldoney salió al paso de las declaraciones de los más de 20 camioneros, que trabajaron en el despeje de escombros en los cerros siniestrados en el mega incendio de los cerros de Valparaíso, y que protestaron el martes acusando el no pago de sus servicios por parte del Gobierno Regional.

Aldoney reconoció la deuda, pero explicó que ésta se originó luego de varios cuestionamientos que surgieron en torno al trabajo desarrollado por el empresario Jaime Figueroa, que a su vez subcontrató a estos transportistas menores para poder cumplir con lo solicitado por el municipio, en medio de las tareas de remoción de escombros.

El intendente endosó la responsabilidad, en primera instancia, al Comité de Emergencia de la Municipalidad de Valparaíso, dado que la contratación no fue realizada por la Intendencia. Sin embargo, reconoció que efectivamente el Gore debió realizar los pagos posteriores a los prestadores de servicios de la emergencia.

No obstante, al detectarse una sobrevaloración o aumento de los precios, por parte del contratista original, se presentaron los antecedentes al Ministerio Publico y al Consejo de Defensa del Estado, el que presentó una querella que se mantiene en curso.

El intendente señala que está la voluntad de hacer los pagos, pero mientras no se aclare la situación, estos no se harán efectivos.

Además, y en paralelo a esto, Aldoney, dijo que los subcontratados presentaron una demanda en contra del Gobierno Regional y el mismo contratista original hizo lo propio en contra de la Intendencia y del Municipio exigiendo los pagos. Mientras esto no se aclare en tribunales, insiste el intendente, no se pueden hacer los pagos.

Aldoney recordó que el caso fue denunciado por los mismos camioneros subcontratrados, quienes aportaron los antecedentes a la Intendencia, donde se pudo verificar que había importantes discordancias en los reportes de la labores, existiendo cerca de un 50% de sobrevalorización de los servicios y de fuertes inconsistencias en los documentos aportados por Figueroa.

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